El tratamiento político de la crisis vasca

El horizonte de paz que se vislumbra en la maltratada sociedad vasca es un elemento de claro optimismo cara a la superación de la crisis que lastra su convivencia desde hace décadas. La excepcionalidad en que el terror ha tenido sumida hasta ahora su vida política puede contemplarse hoy como un hecho superable si se confirman las esperanzas de ver definitivamente cerrado el capítulo de la violencia. Una superación entendida como la posibilidad de afloramiento del pluralismo social real de la sociedad vasca a su escena política. En el futuro inmediato, todo hace pensar que este reforzamiento de...

El horizonte de paz que se vislumbra en la maltratada sociedad vasca es un elemento de claro optimismo cara a la superación de la crisis que lastra su convivencia desde hace décadas. La excepcionalidad en que el terror ha tenido sumida hasta ahora su vida política puede contemplarse hoy como un hecho superable si se confirman las esperanzas de ver definitivamente cerrado el capítulo de la violencia. Una superación entendida como la posibilidad de afloramiento del pluralismo social real de la sociedad vasca a su escena política. En el futuro inmediato, todo hace pensar que este reforzamiento del pluralismo político se traducirá en la disminución de la presión nacionalista en el país.Esta circunstancia es la mejor garantía de la superación de una crisis que pasa necesariamente por un redimensionamiento del nacionalismo, que vuelva a conectar la realidad de Euskadi con lo que ha sido su tradición política a lo largo del siglo XX.

Los efectos de la paz necesitarán un tiempo para conseguir la superación de una excepcionalidad vivida durante tantos años. Un proceso de salida de la crisis que sólo o fundamentalmente en el marco vasco podrá saldarse satisfactoriamente en toda su profundidad. Mientras tanto, sería conveniente no precipitar expedientes que puedan contribuir a la permanencia forzada de esa excepcionalidad.

Entre estos expedientes -auténticos arbitrios, podríamos decir-, el primero y más burdo sería la pretensión de reconocimiento de un derecho de secesión a favor de la Comunidad Autónoma Vasca y, puestos a ello, del conjunto de nuestras comunidades autónomas. Se trata de un remedio que choca frontalmente con el orden constitucional y con la existencia misma de un Estado nacional que está en la base de nuestro actual orden democrático. El derecho de secesión no es una cuestión implanteable en el mundo actual, pero es tributario de unas condiciones que no se dan en modo alguno en la política española. Solución de última instancia, trata de dar respuesta al bloqueo de otros tipos de organización del pluralismo territorial, a la negación de la vigencia de los derechos y libertades fundamentales y a situaciones de opresión económica o territorial insalvables mediante el recurso a los expedientes ordinarios liberal-democráticos. Abierto el recurso al mismo en situaciones excepcionales, resultaría una arbitrariedad presumir su existencia en una vida española actual que rechaza su reconocimiento de conformidad con una práctica política universalmente admitida en el orden político occidental.

El segundo arbitrio capaz de complicar las cosas es un reconocimiento oportunista del derecho de autodeterminación, entendido como sinónimo de profundización en la democracia, en el autogobierno. La clave de esta pretensión podría radicar en una definición a la baja para su introducción, exigiendo posteriormente las consecuencias implícitas al derecho de autodeterminación tal como se entiende en el actual marco de las relaciones internacionales.

El tercer arbitrio que pretende abrirse paso entre nosotros es el del reconocimiento de los derechos históricos a favor de una comprensión de los territorios históricos, incluso ampliados a Cataluña y Galicia, como corpora anexa presentes en el pacto que generó la presente Constitución. Una concepción organicista sin fundamento en la lógica liberal-democrática que presidió la elaboración del texto constitucional y que priva de sentido la existencia del sujeto constituyente. Contra semejante recetario, parece razonable insistir en las soluciones políticas previstas en el esquema constitucional:

1. Pluralidad nacional basada en la convivencia de una nación española de preferente signo político y unas nacionalidades culturales de mayor significación cultural.

2. Acentuación de una práctica de lealtades compartidas en el marco de una "pluralidad de jurisdicciones" como la que orientaría el proceso de construcción europea.

3. Insistencia en la dimensión plural de los hechos nacionales españoles y, en concreto, de la nacionalidad vasca e imposibilidad de concebir un esquema de pluralismo nacional a escala estatal que no vaya acompañado de un paralelo esquema pluralista en el seno de las nacionalidades.

4. Reconocimiento decidido de los "hechos diferenciales" dentro del esquema constitucional existente.

El Estado, la política española de signo global, no tiene otro marco de referencia ante la cuestión que el respeto a estos cuatro recursos básicos, olvidando cualquier tentación arbitrista. Una práctica política que vendrá favorecida por la previsible evolución de las opciones políticas vascas y por el claro consenso de las fuerzas políticas nacionales en la materia. Ayudará a su desarrollo el que, mejor que empeñarse en una cruzada antinacionalista, se trate de encontrar un lugar de encuentro de todas las sensibilidades nacionales españolas, incluida, por supuesto, la de carácter global con base en la nación española, con unos rotundos valores liberal-democráticos que favorezcan el diálogo entre esas diferentes sensibilidades en un marco de creciente integración supranacional. Resulta obligado a este respecto bucear en unos precedentes históricos liberal-democráticos al servicio de un nacionalismo político, de una comunidad patriótica, capaz de legitimar la acción del Estado nacional.

La sensatez de que han hecho gala los partidos políticos, reduciendo la negociación con ETA al campo de las medidas de gracia y excluyendo abiertamente la negociación política, debe ir acompañada de una reflexión social paralela que conceda pleno sentido a una actitud que no solamente es el fruto de la prudencia, sino de la razonable aplicación de la lógica democrática a una situación complicada que puede requerirlo todo, menos la formulación de arbitrios más o menos bienintencionados.