JUICIO A ENRIQUE ROIG POR GIRAR LETRAS QUE NO DEBÍA COBRAR El fiscal solicita tres años de cárcel para un vicepresidente de Bancaixa por una estafa
El fiscal pide tres años de prisión y ocho meses de multa por un supuesto delito de estafa para Enrique Roig Olmos, vicepresidente quinto de Bancaixa, promotor urbanístico y consejero del Valencia Club de Fútbol. Según la fiscalía, Roig giró hasta tres letras por valor de poco más de un millón de pesetas a un acreedor a sabiendas de que éste no tenía obligación de afrontar pago alguno. La acusación particular retiró hace una semana los cargos que mantenía contra el arquitecto, que ayer, durante el juicio que comenzó en Valencia, proclamó su inocencia. Según su abogado, las letras se giraron, ...
El fiscal pide tres años de prisión y ocho meses de multa por un supuesto delito de estafa para Enrique Roig Olmos, vicepresidente quinto de Bancaixa, promotor urbanístico y consejero del Valencia Club de Fútbol. Según la fiscalía, Roig giró hasta tres letras por valor de poco más de un millón de pesetas a un acreedor a sabiendas de que éste no tenía obligación de afrontar pago alguno. La acusación particular retiró hace una semana los cargos que mantenía contra el arquitecto, que ayer, durante el juicio que comenzó en Valencia, proclamó su inocencia. Según su abogado, las letras se giraron, en el peor de los casos, por un error administrativo.
Varios profesionales agrupados en la Federación de Gremios y Artesanos de Valencia, una entidad que integra a 2.000 pequeños empresarios, contrataron en 1993 al despacho del arquitecto para que elaborara un proyecto de la futura y finalmente fallida ciudad del artesano, una iniciativa que pretendía crear en Xirivella (L"Horta Sud) un polígono industrial en el que podrían instalarse unos 120 miembros de la entidad. Roig cumplió su cometido en tiempo y forma: diseñó un plan integral -desgajado en cinco proyectos- para el futuro complejo, plan en el que se incluía desde la parcelación de los terrenos a adquirir como su distribución por sectores o todos los servicios comunes de los que iban a disfrutar las empresas. Finalmente, la iniciativa se frustró, pero, lógicamente, el promotor urbanístico debía cobrar tanto sus honorarios (unos 120 millones de pesetas) como las tasas que el Colegio de Arquitectos establece, en este caso, de cerca de 40 millones. Los promotores de la ciudad del artesano acordaron que la deuda contraída con Roig sería saldada una vez se formara la comunidad de propietarios que, formalmente, iba a impulsar la construcción del polígono. El retraso en la constitución de este colectivo forzó al ahora vicepresidente quinto de Bancaixa -sin relación con la entidad financiera en aquella época- a girar letras a varios de los suscriptores de la deuda. Esta operación siempre contó con la aprobación y mediación de dos de los impulsores del proyecto, Ángel Ferrer, ex presidente de la Federación, y Jaime Planells, antiguo dirigente del gremio. El fiscal retiró los cargos contra ambos, que ayer prestaron declaración en calidad de testigos, pocos días antes del juicio. Tres de las mencionadas letras fueron enviadas, siempre según la fiscalía, a un artesano de Valencia que trasladó su participación en el proyecto a su hijo, por lo que entendía que no debía abonar cantidad alguna y presentó una querella contra Roig. La denuncia defendía que el empresario reclamó unas cantidades que no se le adeudaban, y la acusación pública apoya ese argumento: Roig giró las letras, por valor de poco más de un millón de pesetas, a sabiendas de que el afectado -sobre el que impulsó un procedimiento ejecutivo- no había incurrido en obligación alguna respecto a él. El abogado de Roig no comparte esta tesis. Manuel Utrillas considera "absolutamente desmesurada" la acusación de la fiscalía, defiende la inexistencia de delito alguno y asegura que en "el peor de los casos, las letras se giraron al querellante y no a su hijo por un supuesto error administrativo". El empresario que impulsó el procesamiento de Roig mediante su denuncia retiró todos los cargos hace una semana y además su familia abonará al despacho del arquitecto acusado cerca de 800.000 pesetas. El consejero del Valencia Club de Fútbol no contestó ayer las llamadas de este periódico. El juicio continuará el próximo día 20.