La Caixa pagará ayudas a ancianos que hasta ahora asumía Bienestar Social

Los ayuntamientos de Cataluña que tienen residencias para ancianos han dejado de percibir las ayudas que hasta ahora concedía el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat para complementar la aportación de los usuarios con dificultades económicas para acceder a una plaza geriátrica. A partir de este mes será La Caixa, a través de sus fondos destinados a obra social, la que sufragará estas prestaciones económicas, que ascienden globalmente a 504 millones de pesetas. El PSC acusó ayer a la Generalitat de "obligar" a las entidades de ahorro a "pagar unos servicios que corresponden por ...

Los ayuntamientos de Cataluña que tienen residencias para ancianos han dejado de percibir las ayudas que hasta ahora concedía el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat para complementar la aportación de los usuarios con dificultades económicas para acceder a una plaza geriátrica. A partir de este mes será La Caixa, a través de sus fondos destinados a obra social, la que sufragará estas prestaciones económicas, que ascienden globalmente a 504 millones de pesetas. El PSC acusó ayer a la Generalitat de "obligar" a las entidades de ahorro a "pagar unos servicios que corresponden por vía ordinaria al Departamento de Bienestar Social". Según la diputada socialista Marina Geli, las cajas "deben tener autonomía y llegar a acuerdos con los gobiernos para diseñar y financiar nuevos proyectos, pero nunca para sustituir las obligaciones de la Generalitat". Geli sugirió que los 504 millones que ahora deberán pagar las cajas "podrían servir, por ejemplo, para construir dos o tres nuevas residencias geriátricas". Convenio polémico La aportación económica de La Caixa a los programas de acogida de personas mayores necesitadas en residencias geriátricas se prevé en el polémico convenio firmado a finales de 1997 entre el Gobierno de Jordi Pujol y la Federación Catalana de Cajas de Ahorros. El convenio obliga a las cajas a destinar unos 1.300 millones de pesetas de sus fondos de obra social a tres tipos de programas: de ayuda a familias con alguna persona mayor discapacitada a su cargo (90 millones de pesetas), de atención sociolaboral para personas disminuidas en edad de incorporarse al mercado de trabajo (700 millones) y de ayuda a ancianos que no pueden afrontar el coste de una plaza residencial. Este último programa, presupuestado en 504 millones de pesetas y destinado a unos 1.400 usuarios, será el primero que el Departamento de Bienestar Social dejará de financiar para pasarlo a manos de las entidades de ahorros. Los ayuntamientos afectados -los que tienen alguna residencia para ancianos- han recibido en las últimas semanas cartas del Departamento de Bienestar Social en las que se les pide que abran una cuenta en La Caixa, si es que no la tienen, para poder recibir las aportaciones de la entidad de ahorros. El PSC ya expresó hace unos meses su frontal rechazo al convenio firmado entre la Generalitat y la Federación Catalana de Cajas de Ahorros. Marina Geli acusó a la Generalitat de intentar disimular con este convenio "los progresivos recortes del Gobierno catalán en materia social". El presupuesto del Departamento de Bienestar Social representaba un 3,72% del global en 1993 y este porcentaje ha descendido a un 2,25% en 1998. "Es evidente que el Departamento de Bienestar Social no es prioritario para el Gobierno de la Generalitat", subrayó ayer la diputada socialista. Las asociaciones de minusválidos de Cataluña también han acusado al Departamento de Bienestar Social de "endosar" a las cajas de ahorro la financiación de unos servicios "de necesidad básica" que corresponden por ley al Gobierno de la Generalitat.