Españoles del desierto
El Tribunal Supremo reconoció la semana pasada la nacionalidad española de un ciudadano nacido en 1950 en El Aaiún y al que se había negado la inscripción en el Registro Civil. El asunto afecta potencialmente a decenas de miles de nativos del ex Sáhara español convertidos en apátridas forzosos tras el abandono del territorio por parte de España, en 1976. Pero la resolución judicial constituye también una interpelación moral al Gobierno español: no puede desentenderse de la suerte de los saharauis, convertidos en pieza de intercambio de los intereses de Argelia y Marruecos.El asunto tiene inter...
El Tribunal Supremo reconoció la semana pasada la nacionalidad española de un ciudadano nacido en 1950 en El Aaiún y al que se había negado la inscripción en el Registro Civil. El asunto afecta potencialmente a decenas de miles de nativos del ex Sáhara español convertidos en apátridas forzosos tras el abandono del territorio por parte de España, en 1976. Pero la resolución judicial constituye también una interpelación moral al Gobierno español: no puede desentenderse de la suerte de los saharauis, convertidos en pieza de intercambio de los intereses de Argelia y Marruecos.El asunto tiene interés humano, jurídico y político. Badadi Mohamed-Moulud fue funcionario de la administración española y nunca se ha desprendido del DNI que, al igual que otros 30.000 nativos, poseía en 1976. Recurrió contra la negativa a expedirle su partida de nacimiento. Un departamento del Ministerio de Justicia respondió que "los habitantes del Sáhara eran súbditos españoles, pero no nacionales". Tras diversas peripecias en los Tribunales, el Supremo ha anulado la sentencia que denegaba su solicitud y reconocido la nacionalidad española de Moulud. En el curso del procedimiento se han considerado argumentos como el carácter de provincia española que la legislación vigente hasta 1976 atribuía al territorio bajo soberanía española, así como el derecho a sufragio para las Cortes franquistas que se reconocía a los saharauis censados. Pero también la singularidad del proceso descolonizador -en realidad, abandono del territorio en manos de Marruecos-, que convirtió en apátridas a esas personas.
La sentencia podría ser invocada como antecedente por los reconocidos como españoles en el censo de 1974 y sus descendientes. En total, más de 100.000 personas. Razón de más para que el Gobierno se muestre más activo en la búsqueda de una solución política al problema del Sáhara, bloqueado desde hace años por intereses no exactamente coincidentes con los de la población afectada. Solución que podría pasar por alguna forma de autonomía intermedia entre la independencia propugnada por Argelia y el Polisario y la integración como una región más del reino que propone Marruecos.