Agricultura presenta un plan de regadíos de un billón de pesetas
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, presentó a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas un avance del Plan Nacional de Regadíos que se pretende poner en marcha a partir de 1999 y que supondría una inversión cercana al billón de pesetas hasta el año 2008. Según los datos manejados por la ministra de Agricultura, se pretende modernizar 1,1 millones de hectáreas y la puesta en regadío de otras 228.000.De estas 228.000 nuevas hectáreas, 96.000 serían en regadíos de interés nacional; 106.000, en zonas de pequeños regadíos de interés social -con un máximo de 2.500 hectáreas po...
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, presentó a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas un avance del Plan Nacional de Regadíos que se pretende poner en marcha a partir de 1999 y que supondría una inversión cercana al billón de pesetas hasta el año 2008. Según los datos manejados por la ministra de Agricultura, se pretende modernizar 1,1 millones de hectáreas y la puesta en regadío de otras 228.000.De estas 228.000 nuevas hectáreas, 96.000 serían en regadíos de interés nacional; 106.000, en zonas de pequeños regadíos de interés social -con un máximo de 2.500 hectáreas por actuación-, y otras 25.000, a realizar con la iniciativa privada. Para la modernización de los regadíos, el ministerio propugna una financiación conjunta al 50% con el sector, porcentaje que éste considera excesivo.
Este esbozo de plan fue rechazado en primera instancia por una parte de las comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, por estimar cortas las cifras manejadas. Según Alejandro Alonso, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, se trata de un plan que pretende construir o mejorar regadíos no en función de las disponibilidades actuales o futuras de agua, sino basada en las exigencias que se deriven de la aplicación de la política agrícola común y, además, con datos inexactos referidos a años de sequía.
El boceto de plan presentado supone, en su mayor parte, una continuación respecto al aprobado por los socialistas en febrero de 1996. Existe pesimismo sobre la posibilidad de que se pueda aprobar este plan con el acuerdo de las comunidades autónomas.