La consejería insiste en que el informe epidemiológico de la hepatitis C no está cerrado y se lo niega al juez
La secretaría general de la Consjería de Sanidad sigue sin entregar al juez el informe científico elaborado por una decena de expertos para determinar el origen, causas y consecuencias del brote de hepatitis C detectado en dos hospitales de Valencia y localizado, preferentemente, en la Casa de Salud, una clínica privada. El magistrado encargado de investigar el caso, José Manuel Ortega, exigió el sábado y "urgentemente" el informe, al tiempo que recordó a la secretaría general de la consejería que éste seguía "pendiente" de ser trasladado al juzgado. El departamento presidido por Joaquín Far...
La secretaría general de la Consjería de Sanidad sigue sin entregar al juez el informe científico elaborado por una decena de expertos para determinar el origen, causas y consecuencias del brote de hepatitis C detectado en dos hospitales de Valencia y localizado, preferentemente, en la Casa de Salud, una clínica privada. El magistrado encargado de investigar el caso, José Manuel Ortega, exigió el sábado y "urgentemente" el informe, al tiempo que recordó a la secretaría general de la consejería que éste seguía "pendiente" de ser trasladado al juzgado. El departamento presidido por Joaquín Farnós ha basado su negativa en un solo argumento: el estudio, iniciado poco despúes de que transcendiera la masiva infección -el pasado 8 de abril- aún no está cerrado, no ha sido concluído. A pesar de ello, el director general de Salud Pública de la Generalitat, Francisco Bueno, responsabilizó a Juan Maeso de 171 casos de contagio el pasado martes, durante su comparecencia en las Cortes Valencianas. Bueno, además, aseguró que el anestesista, el único imputado por el masivo contagio, es el foco de infección de la enfermedad. EL PAÍS adelantó el sábado el contenido del informe, que apunta la prácticamente indiscutible vinculación de Maeso con 50 de las personas infectadas, aquellas que se sometieron a analíticas previas y posteriores a las intervenciones quirúrgicas en las que, supuestamente, fueron contagiados. El estudio, que consta de cerca de 100 folios, asegura que el grueso del brote se inició en 1994, centra su incidencia en la Casa de Salud y vincula su desarrollo a los planes de choque contra las listas de espera impulsados por Farnós. A juicio de los expertos, las eternas jornadas de trabajo que afrontaron algunos especialistas de la sanidad pública con su trabajo en estos planes incrementó el riesgo objetivo de que se produjeran malas práxis médicas. La comisión científica improvisada por la Consejería de Sanidad -compuesta por reputados epidemiólogos, hepatólogos o expertos en genética y presidida por el mismo Bueno- ha descartado que la infección haya sido provocada, total o parcialmente, por alguna anomalía en la cadena de esterilización de ambos hospitales o una transfusión de sangre en mal estado. Fallo contra Casa de Salud Mientras, la Audiencia de Valencia ha rechazado la personación de la Casa de Salud como acusación particular en la causa que se sigue contra Maeso. El tribunal, que refrenda así la decisión de los dos jueces de instrucción que se han pronunciado sobre el asunto, apunta que la clínica privada podría ser responsable civil subsidiaria de la infección, condición procesal que le obligaría a indemnizar a los afectados. Las últimas cifras oficiales elevan hasta 140 el número de pacientes que contrajeron el virus de la hepatitis C en la clínica privada. El pronunciamiento de la sección tercera de la Audiencia Provincial, similar al que rechazó, el pasado mes de agosto, idéntica pretensión de la Generalitat, es claro. El ejercicio de la acusación particular -asumida por gran parte de los infectados por el brote de hepatitis C- es incompatible con la supuesta responsabilidad del centro en al menos 140 casos de infección, explican los magistrados. No obstante, si la instrucción del caso aportara argumentos que apartaran a la Casa de Salud o la Consejería de Sanidad de la condición de responsable civil subsidiario ambas entidades podrían ejercer la acusación particular contra Maeso o aquel o aquellos acusados de la masiva infección.