Los interrogantes sobre la competencia pueden bloquear la extradición

El Gobierno español puede aceptar o rechazar la petición de extradición del ex dictador Augusto Pinochet; dejar correr el plazo de los 40 días establecido en el Convenio de Extradición de 1985 entre el Reino Unido y España hasta que el ex general quede libre o apoyarse en la tesis del fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, y solicitar a la Sala de lo Penal que resuelva, antes de cursar cualquier petición, el problema de la competencia judicial de España.

La extradición de Pinochet está sujeta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) de España que, salvo modificaciones pos...

El Gobierno español puede aceptar o rechazar la petición de extradición del ex dictador Augusto Pinochet; dejar correr el plazo de los 40 días establecido en el Convenio de Extradición de 1985 entre el Reino Unido y España hasta que el ex general quede libre o apoyarse en la tesis del fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, y solicitar a la Sala de lo Penal que resuelva, antes de cursar cualquier petición, el problema de la competencia judicial de España.

La extradición de Pinochet está sujeta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) de España que, salvo modificaciones posteriores, procede de principios de siglo. La doctrina imperante en la Unión Europea (UE) en los casos de extradición activa es que se trata de un acto de auxilio judicial internacional contra el que no cabe una intervención gubernamental alguna. Esto se lleva hasta las últimas consecuencias en los países del espacio Schengen, al que pertenece España, pero no en el Reino Unido. El objetivo es despolitizar los procesos de extradición. Con este marco legal, el juez Baltasar Garzón debe iniciar el proceso de petición de extradición y, una vez finalizado el auto, trasladarlo al Ministerio de Justicia para que lo curse al Consejo de Ministros. Según María Teresa de la Vega, experta judicial del PSOE, en el texto de la LEC "no se deduce que el Gobierno pueda vetar la tramitación de la petición". Es la tesis también de la acusación particular en los sumarios de Chile y Argentina: "El Gobierno es un mero vehículo transmisor".

Pero según otros juristas carece de sentido que una decisión que se toma en Consejo de Ministros no sea política. Según esta interpretación, el Ejecutivo estaría legitimado en negarse a cursar la petición de extradición en aras de los intereses del Estado.

Para evitar las repercusiones de una decisión en este sentido, el Gobierno tiene otra salida: interpretar que la opinión del fiscal jefe de la Audiencia o del Fiscal General del Estado -opuestos a la competencia de los tribunales españoles en los delitos de genocidio, terrorismo internacional y torturas-, permite afirmar que la petición del juez Garzón no es firme y definitiva y que requiere un pronunciamiento previo de la Sala de lo Penal de la Audiencia para saber si los tribunales españoles son competentes.

"La Sala tiene tiempo en estos 40 días para resolver el asunto", dice De la Vega. Para ello, requeriría una reunión extraordinaria y urgente para decidir antes de que termine el plazo de 40 días que establece el convenio de extradición con el Reino Unido. Los juristas progresistas que realizaron el dictamen sobre la competencia consideran que el problema de la competencia es un asunto que no debe interferir en el proceso de extradición, pues existe el riesgo de que se cause un mal mayor al permitir la huida de un presunto criminal por un problema de procedimiento.

Esos mismos juristas consideran que cualquier juez de otro país podría iniciar un proceso contra Pinochet basándose en los mismos principios de justicia universal esgrimidos por Garzón.