Juicio contra los 12 jornaleros que ocuparon en 1993 El Indiano

En el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla se celebra el próximo miércoles el juicio por desobediencia a la autoridad y coacciones contra los 12 jornaleros que ocuparon hace cinco años la finca El Indiano, ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz), y a los que el Fiscal pide penas de entre dos y tres meses de arresto mayor y multas que oscilan entre las 200.000 y las 300.000 pesetas. Los hechos se remontan a 1993 cuando los agricultores ocuparon la mencionada finca y no atendieron la orden de desalojo dictada por la juez de Morón de la Frontera. Dicha finca, que era propiedad de Patrimon...

En el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla se celebra el próximo miércoles el juicio por desobediencia a la autoridad y coacciones contra los 12 jornaleros que ocuparon hace cinco años la finca El Indiano, ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz), y a los que el Fiscal pide penas de entre dos y tres meses de arresto mayor y multas que oscilan entre las 200.000 y las 300.000 pesetas. Los hechos se remontan a 1993 cuando los agricultores ocuparon la mencionada finca y no atendieron la orden de desalojo dictada por la juez de Morón de la Frontera. Dicha finca, que era propiedad de Patrimonio del Estado y procedía de los bienes expropiados a Rumasa, se encuentra desde marzo pasado en poder de una cooperativa formada por los 12 acusados, que la compraron por 50 millones. El abogado del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Juan Pradas, que defiende a los agricultores, considera que en este caso no se han producido los delitos que se imputan a los jornaleros porque, según dijo, "han asegurado que respetaron la orden judicial, ya que nunca hubo incidentes sino una actitud de resistencia pasiva". A juicio del letrado, la desobediencia a la autoridad no existió o, en todo caso, fue de carácter "leve". Respecto a las coacciones, el abogado defensor indicó que este delito tampoco fue cometido por los agricultores. "Las coacciones no pueden ejercerse sobre una persona jurídica, como es la finca", argumentó. Para Pradas, procesos como el abierto contra los 12 jornaleros constituyen algunos de los "residuos de la justicia". "Es un juicio sin sentido ya que los denunciados son ahora propietarios de la finca que ocuparon y los hechos ocurrieron hace mubho tiempo", afirma. El juicio fue suspendido en septiembre pasado una vez que la titular del juzgado de lo Penal número 8, Margarita Barros, se abstuvo de conocer la causa porque había participado en la instrucción del proceso. La jueza tomó declaración a uno de los acusados y solicitó al TSJA el nombramiento de un juez sustituto.