El Santander acusa a la juez de las cesiones de seguir pautas "inquisitoriales"
El Banco Santander ha presentado un recurso contra el auto de la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que mantiene abierto el caso de las cesiones de crédito. "La señora instructora", dice el recurso, "ha decidido la prosecución de un procedimiento cuando nadie acusa; es decir, ha resucitado el principio inquisitorial que regía la Administración de Justicia en el Antiguo Régimen". El auto de la juez prevé volver a llamar a declarar a los responsables del banco y dice que la entidad entregó datos "inauténticos" a Hacienda.
La entidad que preside Emilio Botín presentó el pa...
El Banco Santander ha presentado un recurso contra el auto de la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que mantiene abierto el caso de las cesiones de crédito. "La señora instructora", dice el recurso, "ha decidido la prosecución de un procedimiento cuando nadie acusa; es decir, ha resucitado el principio inquisitorial que regía la Administración de Justicia en el Antiguo Régimen". El auto de la juez prevé volver a llamar a declarar a los responsables del banco y dice que la entidad entregó datos "inauténticos" a Hacienda.
La entidad que preside Emilio Botín presentó el pasado día 5 un recurso ante la Audiencia Nacional contra el auto de la juez Teresa Palacios, del pasado 1 de octubre, por el que mantiene abierto el caso de las cesiones de crédito. La juez desestimó así las peticiones de archivo formuladas tanto por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional como por el Abogado del Estado.[El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, rechazó ayer que hubiera aprovechado las vacaciones del fiscal que hasta entonces había llevado el caso, Jesús Santos, para relevarle. Santos, según Fungairiño, fue informado de que se iba a pedir el archivo del caso. Igualmente, añadió que se informó también a la Junta de Fiscales de la Audiencia].
El caso está abierto desde hace siete años y en él se trata de dilucidar si existen responsabilidades penales del Banco Santander en la comercialización, a finales de los ochenta, de un producto financiero opaco a Hacienda. Las operaciones a través de cesiones de crédito sumaron 432.965 millones de pesetas.
El Santander se declara sorprendido por el hecho de que la juez instructora haya "desestimado la petición de sobreseimiento formulada por el ministerio fiscal y el abogado del Estado, a pesar de que ambos son las únicas acusaciones existentes". Esto implica, a juicio del banco, que "la única acusación es el propio instructor".
"Es indudable, a nuestro parecer", añade el recurso, que la juez "se ha arrogado funciones que no le competen y que ha decidido, al margen de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prosecución de un procedimiento cuando nadie acusa; es decir, ha resucitado el principio inquisitorial que regía la actuación de la administración de justicia en el Antiguo Régimen".
La juez tiene sin embargo pendiente de decidir si, finalmente, admite la personación en la causa como acusación popular de Iniciativa per Catalunya. El Santander argumenta también que "después de siete años de intensa actividad investigadora, no cabe duda de que (...) las posibilidades de investigación y, por tanto, la instrucción, han concluido".
En su auto, la juez no comparte la postura, del ministerio fiscal, coincidente con la del Santander, "en lo relativo a la finalización de la instrucción ni a no poderse concretar conducta penal en persona alguna de tal entidad".
Las últimas diligencias practicadas -la juez llamó a declarar a la comisión ejecutiva del banco en abril de este año- "así como la ratificación del informe pericial obrante [de los peritos de Hacienda] dan pie a nuevas diligencias (...) como sería ampliar tales declaraciones y extensivo a otros miembros del banco".
En su recurso, el banco señala que el proceso se inició en base a "meras conjeturas y sospechas" y que las cesiones de crédito se comercializaron con la autorización del Banco de España y "las bendiciones" de Hacienda. Añade que el banco no tenía por qué conocer "cual era la estructura y el origen del patrimonio de los clientes".
Respecto del presunto uso de testaferros, el Santander entiende que no existía entonces obligación de informar a Hacienda y que, por tanto, no tenía motivos para verificar la identidad de los titulares de las cesiones.
La juez, por el contrario, afirma que "de la causa no sólo se revela que se instó desde la entidad a los clientes a que suscribieran el producto financiero, sino que en algunos casos se vieron sorprendidos por el cambio de identidad en la titularidad (...) Quien remite los listados a dicho organismo [Hacienda] reiteradamente con datos inauténticos, y está en condiciones de comprobar y contratar su veracidad, no es sino desde el Banco Santander".