Un colectivo denuncia trabas a los inmigrantes que desean alquilar pisos

Sólo una agencia inmobiliaria de Girona alquila o vende viviendas a los inmigrantes sin ponerles obstáculo alguno. Así lo ha denunciado Aliou Diao, presidente de la asociación GRAMC, la entidad de ayuda a los inmigrantes más representativa de las comarcas gerundenses. La queja de esta entidad coincide con el resultado de un estudio sobre el alojamiento de los inmigrantes en las comarcas de Girona y el Maresme, elaborado por la Fundación SERGI, que propone crear un "servicio de alojamiento" para inmigrantes.

El informe revela que, en muchos casos, la consigna de los propietarios consiste...

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Sólo una agencia inmobiliaria de Girona alquila o vende viviendas a los inmigrantes sin ponerles obstáculo alguno. Así lo ha denunciado Aliou Diao, presidente de la asociación GRAMC, la entidad de ayuda a los inmigrantes más representativa de las comarcas gerundenses. La queja de esta entidad coincide con el resultado de un estudio sobre el alojamiento de los inmigrantes en las comarcas de Girona y el Maresme, elaborado por la Fundación SERGI, que propone crear un "servicio de alojamiento" para inmigrantes.

El informe revela que, en muchos casos, la consigna de los propietarios consiste en vetar la vivienda a "los inmigrantes pobres, a los negros y a los moros". Los redactores del estudio, el economista Jordi Pruneda y el ex presidente de Cáritas en Girona, Joan Paredes, proponen la creación en cada municipio de una agencia especializada en proporcionar viviendas y un trato adecuado a los inmigrantes, un "segmento de mercado" para el que no existe una oferta adecuada. La organización GRAMC ha podido constatar de primera mano las dificultades que encuentran los inmigrantes para acceder a la vivienda acompañando a magrebíes o subsaharianos a las distintas empresas y agencias de la propiedad inmobiliaria de Girona. En la mayoría de los casos, según comprobó la asociación, las inmobiliarias negaban al inmigrante la posibilidad de acceder al alojamiento por el que se interesaban, alegando falsamente que ya había sido alquilado o vendido. La organización GRAMC también detectó que las agencias suelen solicitar a los inmigrantes precios abusivos y fianzas superiores a los dos meses, algo no permitido por la ley. La organización GRAMC prefiere silenciar la identidad de "la única agencia de Girona que trata a los inmigrantes como a cualquier cliente autóctono". "Si dijéramos cuál es, podría saturarse de demandas o bien podría abandonar su comportamiento modélico", indican fuentes del GRAMC. Las discriminaciones y abusos denunciados por la asociación también han salido a la luz en la encuesta realizada por la Universidad de Girona, que consultó a medio millar de inmigrantes, un 60 % de los cuales son de origen marroquí, un 34% gambiano y el 6% restante senegalés. Una cuarta parte de los consultados afirmaron que, al formalizar su contrato de alquiler, la inmobiliaria o el propietario de la vivienda les exigió el pago de más de dos meses de fianza, el máximo que prevé la ley para pisos con muebles. En algunos casos, incluso se exigió al inmigrante depositar un año de fianza. La encuesta revela que en las viviendas de los africanos residen una media de 4 personas y que los inquilinos que viven solos esperan la llegada de familiares en el plazo máximo de un año. Un 32% convive con otras personas, a las que les pagan un subalquiler por una habitación. La mayoría de los inmigrantes, según la encuesta, ha elegido su vivienda porque su precio era asequible y por su proximidad con el lugar de trabajo. Las viviendas de inmigrantes no se concentran en guetos aislados, sino que se localizan en los distintos espacios de la población donde se halla vivienda asequible. Las condiciones del piso no son las adecuadas para un 26% de los consultados. Tras un análisis de los resultados de la encuesta y de las aportaciones del GRAMC, los responsables del estudio, promovido por la Fundación SERGI, han propuesto crear un "servicio de alojamiento", una especie de agencia inmobiliaria que en cada localidad se dedique a proporcionar vivienda a los inmigrantes, de acuerdo con sus necesidades. El esquema de funcionamiento del servicio, según Jordi Pruneda y Joan Paredes, sería parecido al de cualquier Agencia de la Propiedad Inmobliaria, con una buena red de contactos dentro del sector, y que implique a los representantes de las asociaciones de inmigrantes.

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