Las acusaciones populares quieren seguir personadas en el "caso Maeso"

Esquerra Unida, la Unión de Consumidores de España (UCE) y el sindicato CSIF han recurrido la decisión del titular del juzgado de instrucción número 5 de Valencia, José Manuel Ortega, que instó a las cuatro entidades personadas como acusación popular en el caso de la hepatitis C -las mencionadas y CC OO- a que concentraran su representación en un solo letrado. El magistrado pretende con esta medida evitar dilaciones indebidas en un proceso de gran complejidad tanto por la naturaleza de las investigaciones emprendidas, que pretenden determinar qué o quién provocó el contagio masivo de la enfer...

Esquerra Unida, la Unión de Consumidores de España (UCE) y el sindicato CSIF han recurrido la decisión del titular del juzgado de instrucción número 5 de Valencia, José Manuel Ortega, que instó a las cuatro entidades personadas como acusación popular en el caso de la hepatitis C -las mencionadas y CC OO- a que concentraran su representación en un solo letrado. El magistrado pretende con esta medida evitar dilaciones indebidas en un proceso de gran complejidad tanto por la naturaleza de las investigaciones emprendidas, que pretenden determinar qué o quién provocó el contagio masivo de la enfermedad, como por la ingente cantidad de perjudicados personados en la causa, casi un centenar. El anestesista Juan Maeso es el único imputado en el caso. Sin embargo, EU defiende en el recurso presentado ayer a través de su letrado, José Luis Ramos, que el juez tiene la potestad de adoptar las medidas conducentes a agilizar los procedimientos, pero pide que sea la Administración la que establezca dotaciones presupuestarias y medios materiales para que se facilite el desarrollo de la causa "sin dilaciones y exclusiones de las partes", dada la "excepcionalidad" del caso, según comentó Ramos a Europa Press. Para EU, la medida afecta a un derecho constitucional y podría ser recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), en el caso de no ser admitido el recurso, ya que los efectos "podrían ser contrarios a los buscados". En este sentido, los excluidos, según EU, podrían recurrir ante el TC, lo que anularía todas las decisiones adoptadas por el magistrado en las que no hubieran tomado parte las acciones populares. Asimismo, los recurrentes sostienen que esta decisión lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza la defensa y la libre designación de abogado. Las acusaciones particulares también entienden que la medida no ayudará a agilizar la instrucción del caso, ya que los cuatro letrados de las acusaciones populares suponen para el juzgado una carga de trabajo insignificante en comparación con la ocasionada por las acusaciones particulares.