Un juez de Miami paraliza la extradición a España del etarra Ramón Aldasoro

Lawrence King, un juez federal de Miami, anuló ayer la orden de extradición a España del etarra Ramón Aldasoro Mangunacelaia, dictada el pasado 17 de junio por Ted Bandstra, otro juez federal de Miami pero de rango inferior. El juez King considera que los documentos aportados por el Gobierno español "no demuestran que exista causa de extradición" y estima que las recientes denuncias de que las acusaciones de otros tres etarras contra Aldasoro fueron obtenidas bajo tortura "merecen más credibilidad" que las confesiones originales efectuadas por ellos hace nueve años. El Ministerio del Interior ...

Lawrence King, un juez federal de Miami, anuló ayer la orden de extradición a España del etarra Ramón Aldasoro Mangunacelaia, dictada el pasado 17 de junio por Ted Bandstra, otro juez federal de Miami pero de rango inferior. El juez King considera que los documentos aportados por el Gobierno español "no demuestran que exista causa de extradición" y estima que las recientes denuncias de que las acusaciones de otros tres etarras contra Aldasoro fueron obtenidas bajo tortura "merecen más credibilidad" que las confesiones originales efectuadas por ellos hace nueve años. El Ministerio del Interior español desconocía ayer la nueva decisión de un juez de EE UU sobre Aldasoro y pidió al de Exteriores que se informe.

El juez King aceptó la petición de hábeas corpus solicitada por la defensa de Aldasoro, pero al mismo tiempo dejó en suspenso durante un mes la anulación de la extradición y la correspondiente puesta en libertad del etarra para darle una última oportunidad al Gobierno español para que presente "pruebas más fiables". Lawrence King es un juez federal de reconocido prestigio y que lleva 30 años en el cargo. Entre sus resoluciones más importantes está un dictamen que paralizó la aplicación de una ley que implicaba la deportación de 60.000 centroamericanos que llevaban años viviendo en EE UU.Según se lee en su resolución de 16 páginas sobre el caso Aldasoro, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el juez King concluye que "las denuncias de torturas y coerción deberían haber sido consideradas por el magistrado Ted Bandstra". Según King, las denuncias de torturas, que fueron efectuadas durante el juicio de extradición "parecen ser más fiables y dignas de credibilidad" que las pruebas presentadas en el mismo contra Ramón Aldasoro.

El juez decidió abstenerse de opinar sobre el segundo argumento esgrimido por Aldasoro relativo a la improcedencia de aplicarle el tratado de extradición de 1988 entre España y EEUU, porque los delitos de los que se le acusa son de naturaleza política.

La decisión del juez King sorprendió a Silvia Piñero, la fiscal federal de Miami que defiende los intereses españoles en este caso. Piñero había respondido a la apelación de los abogados de la defensa sin presentar pruebas adicionales, reiterando simplemente su principal argumento de que las retractaciones de los tres etarras se habían realizado sin testigos y, por tanto, carecían de fiabilidad y debían ser "excluidas" del caso.

Los abogados norteamericanos de Aldasoro presentaron durante el juicio de extradición escritos de tres miembros de ETA, recolectados en cárceles españolas por el abogado de Herri Batasuna Iñigo Elkoro, en las que se retractaban de sus declaraciones originales de hace nueve años contra Aldasoro y denunciaban que entonces fueron torturados. Carlos Arruti Azpitarte, Iñaki Fernández de Larrino y Miren Pilar López de Lazurriaga están actualmente encarcelados en España como participantes en el asesinato de un general del Ejército, un guardia civil y dos policías en tres atentados cometidos en 1988.

En confesiones realizadas el 16 de septiembre de 1989, Arruti, Fernández y López implicaron a Aldasoro en los asesinatos. Según el recuento de los hechos que hace el juez King en su dictamen, Arruti declaró dos días después de su confesión que fue torturado.

King también admite como prueba para apoyar su dictamen la declaración jurada de José María Matanzas, abogado defensor de Arruti, en la que afirma que su cliente tenía señales de tortura en 1989. El testimonio de Matanzas fue la principal prueba aportada por la abogada Fletcher Peacock, miembro de la defensa norteamericana de Aldasoro, en su apelación contra la orden de extradición.

Aldasoro, alias Ramón o El Rubio, es el primer etarra detenido en EEUU en esta década. Fue capturado por el FBI en diciembre de 1997 en Miami, donde trabajaba como vendedor de automóviles bajo una identidad falsa. Desde entonces ha permanecido en la prisión federal del condado de Miami-Dade. España solicitó su extradicción días después de su captura. El juicio se celebró la pasada primavera y concluyó con la concesión de la extradición el 17 de junio por el juez Bandstra.

El juez King da al Gobierno español "la oportunidad de renovar su petición de extradición y presentar nuevas pruebas que no estén contaminadas para sustentar las acusaciones contra Aldasoro". Si en 30 días, a partir de ayer, la fiscalía federal de Miami no aporta las nuevas pruebas que debe presentar el Gobierno español, la orden de anulación de la extradición dictada por King se hará plenamente efectiva y el etarra podría recuperar su libertad.

Ni la embajada española en Washington ni el consulado español en Miami -y de ahí que Interior aún no conociera el asunto- habían sido informados oficialmente ayer de la anulación, que supone un serio revés para los intereses españoles. El segundo en dos semanas. El día 18 de agosto, el comisario belga para los refugiados puso en libertad al etarra Juan Cruz Maiztegui, tras admitir a trámite su demanda de asilo político.