Un visado impide a Interior expulsar al un magnate australiano prófugo
Christopher Skase, el prófugo ex financiero de Australia que vive refugiado en Mallorca desde 1991 tras quebrar su compañía Qintex y dejar un agujero multimillonario y miles de perjudicados, posee un reciente visado de inmigración, librado por la Embajada de España en Jamaica, de acuerdo con el Tratado de Schengen. Su nueva documentación le ampara en toda la Unión Europea, y por el momento está frenando el expediente de expulsión.
Skase, de 49 años de edad, está acusado en Australia de 32 delitos monetarios y alega una grave enfermedad pulmonar para no ser expulsado y juzgado. El lunes ...
Christopher Skase, el prófugo ex financiero de Australia que vive refugiado en Mallorca desde 1991 tras quebrar su compañía Qintex y dejar un agujero multimillonario y miles de perjudicados, posee un reciente visado de inmigración, librado por la Embajada de España en Jamaica, de acuerdo con el Tratado de Schengen. Su nueva documentación le ampara en toda la Unión Europea, y por el momento está frenando el expediente de expulsión.
Skase, de 49 años de edad, está acusado en Australia de 32 delitos monetarios y alega una grave enfermedad pulmonar para no ser expulsado y juzgado. El lunes pasado presentó ante la policía de Palma la nueva visa, vinculada a sus nuevos documentos personales adquiridos al lograr la nacionalidad de la Isla Dominica, como coraza para evitar ser extraditado o puesto en la frontera por estancia ilegal en España.En Australia, el caso Skase, el escándalo económico y la aventura personal del millonario fugitivo, genera desde hace años un enorme interés periodístico y político. Las autoridades españolas están investigando ahora la eventual obtención irregular del documento, que fue entregado a través de la representación diplomática en Jamaica, de manera contradictoria al trámite administrativo seguido habitualmente por las autoridades de Madrid para atender las peticiones australianas. Éstas, en una reciente visita a Australia del ministro de Industria, Josep Piqué, plantearon al Ejecutivo español la necesidad de solventar el exilio dorado del fracasado financiero.
En 1994, Skase logró que la Audiencia Nacional denegara su extradición de España a Australia, al alegar que debido a la enfermedad pulmonar que sufre no puede viajar en avión, ya que se pondría en peligro su vida. El empresario permaneció detenido durante meses en el Hospital General de Palma, conectado a un equipo de asistencia respiratoria, y al ser puesto en libertad alegó que se había agravado su estado. Vive desde entonces en un chalé de lujo del Puerto de Andratx (Mallorca) y con frecuencia es acosado por los enviados especiales de los diarios y cadenas de televisión de su país que han captado imágenes del prófugo sin apariencia de estar gravemente enfermo.
La formalización del nuevo documento de inmigrante europeo que posee y que entregó a la Brigada de Extranjería de la Policía de Palma implica, en teoría, haberse desplazado a la isla de Jamaica en fecha reciente y retornar a Mallorca, extremo improbable según los investigadores. El visado está vinculado a un pasaporte de la Isla Dominica, cuya nacionalidad adquirió el ex magnate semanas atras al abonar 10 millones de pesetas por una propiedad insular que le confería derechos de ciudadanía para él y su familia.
Los responsables policiales y del Ministerio de Asuntos Exteriores abrieron el lunes una investigación sobre el nuevo arsenal de documentación personal que la defensa del negociante ha presentado para evitar que su cliente sea puesto en la frontera y quede a merced de una orden internacional de detención del Gobierno australiano. Fuentes del Ministerio de Interior consideran irregular y sospechosa la entrega de este documento en Jamaica, efectuada sin consulta con los archivos centrales de Madrid y que contradice los criterios de relación política de los gobiernos español y australiano.
El Gobierno español había denegado semanas atrás a Skase la renovación la ampliación del permiso de residencia en el país, al retenerle su pasaporte y remitirlo a Australia, a petición de las autoridades de Camberra. Su abogado, Antonio Coll, logró paralizar temporalmente ante los tribunales de Palma el procedimiento administrativo y sostiene que no existen contra el financiero cargos penales ni delitos mercantiles exigibles en Australia ni con correspondencia en España.