El Constitucional dará prioridad al debate de los recursos del "caso Marey"

El Tribunal Constitucional dará prioridad al estudio de los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso Marey, ya que las penas impuestas suponen su ingreso en prisión y los recurrentes reclaman que se suspenda la ejecución de la sentencia, según manifestaron fuentes de alto tribunal a la agencia Efe. El comisario Francisco Álvarez, ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, fue ayer el último de los condenados en presentar su recurso, en el que reclama la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que le condenó a nueve años y medio de cárcel.

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El Tribunal Constitucional dará prioridad al estudio de los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso Marey, ya que las penas impuestas suponen su ingreso en prisión y los recurrentes reclaman que se suspenda la ejecución de la sentencia, según manifestaron fuentes de alto tribunal a la agencia Efe. El comisario Francisco Álvarez, ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, fue ayer el último de los condenados en presentar su recurso, en el que reclama la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que le condenó a nueve años y medio de cárcel.

El Constitucional estudiará a la vuelta de las vacaciones los recursos de amparo que han presentado 11 de los 12 condenados por el secuestro de Segundo Marey: todos menos el ex policía José Amedo. Los magistrados del alto tribunal deberán resolver, en primer término, si admiten a trámite los recursos y, a continuación, si suspenden la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el fondo del asunto, como han planteado los recurrentes.El hecho de que las penas impuestas supongan el ingreso en prisión de los condenados hará que los recursos tengan prioridad en su tramitación sobre los referidos a sentencias que no lleven aparejada la privación de libertad, explicaron fuentes del Constitucional. Aunque los recursos se han presentado por separado, lo lógico es que se acumulen y sean resueltos por el alto tribunal en una única sentencia.

El defensor del comisario Francisco Álvarez, Manuel Murillo, fue ayer el último en presentar ante el Constitucional su recurso de amparo, que se basa en que la sentencia sobre el caso Marey ha violado el derecho de su cliente a la presunción de inocencia y a no sufrir discriminación.

En línea con otros recursos, el letrado sostiene que el Supremo ha condenado sin pruebas al dar por sentado que su defendido u otras personas condicionaron la liberación de Segundo Marey a la de los policías españoles detenidos en Francia a través de una llamada a la Cruz Roja. La existencia y autoría de esta llamada resulta fundamental pues es el hecho que convierte el delito de detención ilegal en secuestro, prolongando el tiempo de condena y el plazo de prescripción.

La segunda alegación también está relacionada con la prescripción del delito, que reclamaron las defensas durante el juicio.

El abogado de Álvarez sostiene que el Supremo ha cambiado su criterio tradicional, que sólo interrumpía el plazo de prescripción cuando la acusación se dirigía contra la persona concreta, por uno nuevo, según el cual basta la presentación de una querella genérica. El recurso reconoce que este asunto no sería en puridad de derechos fundamentales, pero argumenta que sí lo es en este caso, al afectar al principio de igualdad ante la ley.

En relación con los recursos del ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, que han sido firmados por Felipe González en su condición de abogado, el secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, manifestó ayer a Europa Press que los magistrados del Constitucional que "deban su cargo directamente" al ex presidente del Gobierno deberían inhibirse en este caso.

Además de apelar al Constitucional, el comisario Francisco Álvarez ha sido el primero de los condenados en presentar una petición de indulto para sí mismo. Mañana formularán la misma solicitud al Ministerio de Justicia los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, según anunció ayer su abogado, Jorge Manrique, quien pedirá igualmente que se desbloquee el indulto que varios sindicatos policiales solicitaron hace cinco años para los ex agentes por su anterior condena a 108 años de cárcel en el primer juicio del caso GAL.

Aunque Barrionuevo y Vera no han reclamado el indulto, sí lo han pedido para ellos un grupo de concejales socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca).