Los vecinos de Totana piden una excepción a la Ley de Extranjería
Las asociaciones de empresarios y vecinos del municipio de Totana (Murcia) pedirán a la Delegación del Gobierno de esta comunidad, en una reunión que mantedrán mañana con sus representantes, que haga una excepción a la Ley de Extranjería para regularizar la situación de unos 500 inmigrantes ecuatorianos sin documentos que viven y trabajan en la localidad. Vecinos, sindicatos, partidos y asociaciones civiles se manifestaron ayer frente al Ayuntamiento de Totana en solidaridad con los ecuatorianos. La concentración, en la que participaron más de un millar de personas y entre ellas también inmi...
Las asociaciones de empresarios y vecinos del municipio de Totana (Murcia) pedirán a la Delegación del Gobierno de esta comunidad, en una reunión que mantedrán mañana con sus representantes, que haga una excepción a la Ley de Extranjería para regularizar la situación de unos 500 inmigrantes ecuatorianos sin documentos que viven y trabajan en la localidad. Vecinos, sindicatos, partidos y asociaciones civiles se manifestaron ayer frente al Ayuntamiento de Totana en solidaridad con los ecuatorianos. La concentración, en la que participaron más de un millar de personas y entre ellas también inmigrantes magrebíes, terminó con la lectura por el presidente local de Cáritas de un manifiesto en el que se reclama un aumento del cupo de inmigrantes para la región de Murcia y cambios en la Ley de Extranjería.
Dos empresas de trabajo temporal han dado una solución a este conflicto ofreciendo precontratos laborales a los inmigrantes para que puedan solicitar su permiso de trabajo y residencia. Ayer mismo la empresa Agroprogress firmó los precontratos de los 11 ecuatorianos detenidos este mes por la Guardia Civil, cuya expulsión está en proceso.
Diego Jódar, gerente de Agroprogress, informó de que son precontratos de 10 meses, pagados a 650 pesetas la hora, más gastos de transporte y seguridad social. Agroprogress ha ofrecido colocar a 300 ecuatorianos en 25 empresas agrícolas. La otra empresa, Flexiplan, hizo ayer un ofrecimiento similar.
A juicio de Jódar, ateniéndose a la ley vigente sería muy difícil contratar a los ecuatorianos. Aun en caso de contar con un precontrato y una solicitud formal de residencia, los inmigrantes tendrían que regresar a Ecuador, tramitar su visado y volver a entrar en España, lo que supone un gasto superior a las 250.000 pesetas. Con los precontratos firmados ayer se pretende detener las expulsiones y ver cómo evoluciona el trámite para regularizar al resto. Representantes de la plataforma de apoyo a los ecuatorianos creen que los precontratos deben verse con reservas al ser empresas de trabajo temporal.