El hospital que esterilizó a una embarazada habla de "fallo humano"
El sindicato de enfermería apoya las reclamaciones de la damnificada
No hubo "error informático". Según el director del hospital Reina Sofía de Córdoba, la esterilización de una embarazada al confundirla con otra paciente que padecía cáncer de endometrio no se debió a que ambas se llamaran igual, sino a un "fallo humano", aunque no precisó más. El sindicato de enfermería, SATSE, defendió la profesionalidad del personal del hospital, si bien pidió que se atienda la demanda de la damnificada.
José María Latre, director médico del Reina Sofía, aseguró ayer a Radio Nacional que la investigación sobre el error médico estará concluida "en breve". Tal error lle...
No hubo "error informático". Según el director del hospital Reina Sofía de Córdoba, la esterilización de una embarazada al confundirla con otra paciente que padecía cáncer de endometrio no se debió a que ambas se llamaran igual, sino a un "fallo humano", aunque no precisó más. El sindicato de enfermería, SATSE, defendió la profesionalidad del personal del hospital, si bien pidió que se atienda la demanda de la damnificada.
José María Latre, director médico del Reina Sofía, aseguró ayer a Radio Nacional que la investigación sobre el error médico estará concluida "en breve". Tal error llevó a los médicos a extirpar a una embarazada de 39 años los ovarios y el útero; una operación que en realidad correspondía al diagnóstico de otra paciente del mismo nombre que tiene 71 años de edad y cáncer de endometrio. Latre se había negado hasta ahora a aportar ninguna información respecto a este hecho e incluso había añadido que si la afectada había presentado una querella, él debería inhibirse de tal investigación para poner los datos en manos del juez. Latre, no obstante, no aclaró gran cosa respecto al suceso, que tuvo lugar el 12 de agosto del año pasado.El abogado de la víctima asegura que el origen del error está en que ambas pacientes se llaman igual -Rafaela Martínez Ruiz-, pero Latre achacó el fallo a un "error humano" y no informático. Los especialistas consultados por este periódico coinciden en señalar que, en cualquier caso, el error es injustificable porque supone que no se siguió ninguno de los mecanismos de seguridad habituales en procesos médicos como éste. El abogado de la mujer esterilizada por error, Antonio Jesús Aparicio-Angulo, dijo ayer que ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) 60 millones de indemnización y que la querella presentada a finales del pasado mes de julio acusa al jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital cordobés, Santiago Carrasco, y al SAS, así como a todos los médicos que participaron en la intervención.
Conocer los hechos
El SATSE pidió al SAS que "asuma plenamente" su compromiso de atender las peticiones de la afectada por el error. En un comunicado, este sindicato dijo confiar en "la profesionalidad de los más de 5.000 trabajadores" del hospital, si bien "no siempre desarrollan su labor diaria en las mejores condiciones" por problemas tales como "exceso de cargas de trabajo, masificación o falta de recursos humanos". El SATSE añadió que debería ponerse en marcha "un sistema de identificación personal de todos los pacientes".Pérez-Angulo, el abogado de la víctima del error, expuso ayer en una rueda de prensa que este centro sanitario tenía conocimiento de los hechos desde el primer momento ya que, a petición de su cliente, emitió un informe el 26 de septiembre en el que "se describe el error médico padecido y las razones que lo provocaron". Este letrado ha recordado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que fue el pasado 16 de julio cuando presentó la reclamación previa al ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, valorada en 60 millones de pesetas.
Pérez-Angulo estuvo acompañado por el marido de Rafaela, José Aguilar Logroño, taxista de Puente Genil, quien solamente se limitó a resaltar el delicado estado de salud en el que se encuentra su esposa desde que ocurrieran los hechos.
El abogado insistió en que sus clientes no se conformarán con los 60 millones de la reclamación administrativa, sino que esperarán a que la querella judicial depure todas las responsabilidades.