Sobre el PER
Las últimas semanas han producido un gran número de noticias relativas a la posible modificación de lo que el Gobierno denomina Aepsa y los andaluces conocemos como PER. Desde su llegada al Gobierno, el PP ha mantenido una actitud desfavorable al PER, al que acusan de ser un instrumento de captación de votos para el PSOE en la zonas rurales de Andalucía y Extremadura. Sin embargo, dicha actitud no ha podido concretarse nada más que en un cambio de nombre, pues la realidad pone de manifiesto que el PER ha supuesto una transformación de los servicios públicos de los ayuntamientos rurales, permit...
Las últimas semanas han producido un gran número de noticias relativas a la posible modificación de lo que el Gobierno denomina Aepsa y los andaluces conocemos como PER. Desde su llegada al Gobierno, el PP ha mantenido una actitud desfavorable al PER, al que acusan de ser un instrumento de captación de votos para el PSOE en la zonas rurales de Andalucía y Extremadura. Sin embargo, dicha actitud no ha podido concretarse nada más que en un cambio de nombre, pues la realidad pone de manifiesto que el PER ha supuesto una transformación de los servicios públicos de los ayuntamientos rurales, permitiendo unos programas de inversión en instalaciones deportivas y culturales, saneamientos y vías públicas que de otra forma difícilmente se hubiesen realizado. Además, el PER ha contribuido de manera decisiva a aumentar las posibilidades de integración laboral de sectores enteros de población rural, jóvenes y mujeres, y a dotarlos de una cierta independencia económica indispensable para su integración social. En definitiva, el PER y el subsidio agrario se han convertido en uno de los programas más exitosos de transferencias de rentas pues, a diferencia de los sistemas tradicionales de protección del desempleo, inducen al trabajo y a la inversión pública. Evidentemente, como cualquier otra actuación pública, el PER es susceptible de ser mejorado pero siempre sin aventuras guiadas por la visceralidad. Primero, su extensión a otros territorios distintos a Extremadura y Andalucía debe realizarse con fondos adicionales, que no mermen los que reciben estas comunidades. Segundo, no se puede eliminar la posibilidad de que los trabajos para los ayuntamientos computen como peonadas, pues de lo contrario se rompería la relación inversión pública/subsidio. Y tercero, ningún cambio será factible si en él no participan todas las instituciones que aportan fondos. En consecuencia, como con las cosas de comer no se juega, si el ministro de Trabajo quiere mejorar el PER lo mejor sería que convocara una mesa del PER.