Las empresas del "caso Urralburu" culpan del pago de comisiones a fallecidos

Cinco muertos y un fantasma para seis coartadas diferentes. Tres de las ocho constructoras implicadas en el presunto pago de 770 millones de pesetas en comisiones ilegales a la trama de Gabriel Urralburu y Antonio Aragón -ex presidente y ex consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra- se han parapetado tras sus directivos fallecidos y han esgrimido sus nombres durante la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Navarra.

Según el fiscal, la constructora Agromán se inventó una identidad falsa para camuflar sus mordidas. Alfonso Ochoa de Olza, natural de Pamplona y em...

Cinco muertos y un fantasma para seis coartadas diferentes. Tres de las ocho constructoras implicadas en el presunto pago de 770 millones de pesetas en comisiones ilegales a la trama de Gabriel Urralburu y Antonio Aragón -ex presidente y ex consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra- se han parapetado tras sus directivos fallecidos y han esgrimido sus nombres durante la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Navarra.

Según el fiscal, la constructora Agromán se inventó una identidad falsa para camuflar sus mordidas. Alfonso Ochoa de Olza, natural de Pamplona y empleado de Huarte durante más de 30 años, falleció a los 57 a causa de un aneurisma de aorta. A su funeral acudieron importantes directivos de la compañía.Ahora, Mario Caprile, ex presidente de esa constructora, ha utilizado su nombre para justificar el pago de su compañía de más de 3.000 millones de pesetas a varias empresas fantasma que emitían facturas sobre trabajos e informes inexistentes.

Caprile se escudó en este directivo durante el juicio del caso Roldán y lo ha vuelto a hacer en el transcurso de la vista de la denominada trama navarra en la que se piden 11 años de prisión para Urralburu y Aragón por un presunto delito de cohecho continuado y contra Hacienda.

Según su testimonio y el de uno de sus ex consejeros, citados ambos como testigos, Ochoa de Olza era la persona que trataba con Fox Estudios, Gextex Estudios, JM Estudios y Proyectos y Banto, todas ellas empresas sin actividad que justificaron centenares de facturas millonarias.

Familiares del empleado de Huarte fallecido aseguran a este periódico que su padre no tuvo ninguna relación con el caso y que está siendo utilizado. Idéntica opinión comparten los fiscales de las dos causas. Todas las pruebas y algunos testimonios apuntan a que era el propio Jorge Esparza, exdirector comercial de Huarte condenado a nueve años de prisión, el que se relacionaba con estas empresas fantasma. Caprile y dos de sus ex consejeros, que fueron procesados pero no se sentaron en el banquillo al haber prescrito su presunto delito de cohecho, han jurado o prometido que no sabían nada de estas factureras.

Antonio Messa Buxareu, ex vicepresidente y ex consejero de Cubiertas y MZOV, empleó una táctica similar. Tanto en el juicio contra Roldán como el que se sigue ahora en Pamplona, atribuyó al directivo Pablo Rózpide, director financiero, la responsabilidad de algunos pagos que terminaron en el patrimonio de los acusados. Rózpide también ha fallecido. Uno de sus familiares niega que tuviera algo que ver con el caso.

Ambigüedad

La sentencia del caso Roldán reprocha a Messa la ambigüedad e imprecisión de su declaración y destaca que se amparó en el fallecimiento del supuesto responsable de esos pagos sin explicar nada. Los hermanos Manuel y Antonio Messa se libraron también del banquillo porque sus delitos habían prescrito. Su empresa pagó presuntamente 130 millones de pesetas en comisiones ilegales en Navarra pero él dice no saber nada del asunto.Fomento de Construcciones y Contratas (FOCSA), que según los peritos pagó 82 millones de pesetas en comisiones ilegales a la trama navarra, ha exhibido también su muerto particular. Salvador Piera Serra, ex consejero y apoderado de la constructora, no supo explicar ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra cómo varios talones de la empresa acabaron en el patrimonio de los procesados.

Pero citó a José Pibernat Bertrán, jefe de la división inmobiliaria de la compañía, que falleció en 1991. La viuda de este directivo catalán niega que su esposo conociera estos hechos y ofrece un dato significativo: "Mi marido estaba de baja médica en la empresa Focsa desde principios de 1988 porque se le detectó un cáncer". Las obras por las que Focsa pagó supuestamente una comisión ilegal fueron adjudicadas el 30 de mayo de ese mismo año.

Las empresas fantasma, que emitían facturas para Huarte por estudios inexistentes, se han apresurado a desenterrar a sus propios muertos. Pedro Galicia Puente, socio del director de la oficina madrileña del BBV donde se blanqueaban las comisiones ilegales y apoderado de varias empresas emisoras de facturas descargó toda la responsabilidad en Juan Marcos Pérez, su supuesto jefe.

Pero este último no puede testificar porque ha fallecido. Galicia era apoderado de las empresas Fox Estudios y Gextex, dos sociedades sin empleados, ni sede social, que no desarrollaban ninguna actividad. Al igual que en el juicio de Roldán este testigo exhibió una sorprendente falta de memoria. "Eso habría que preguntárselo a Marcos", contestaba. Es decir, al muerto.

La sociedad Banto S.A., otra empresa fantasma que emitía facturas falsas para camuflar comisiones, se protegió también en otro testigo mudo. Luis Martín Galve, abogado, ha declarado en la vista de Pamplona que pese a ser su secretario desconocía cualquier dato de esta empresa. Según su testimonio sólo tomó parte en la constitución de la sociedad porque se lo pidió uno de sus clientes apellidado Fornós. Como era de esperar Fornós también ha muerto. Tampoco puede testificar.

Identidad falsa

La guinda de este desfile de muertos la ha puesto la constructora Agromán S.A. y su hombre fantasma: Julio Agrasot Colomer. Los fiscales de los casos Roldán y Urralburu, los peritos y la Policía judicial coinciden en que esta persona, que efectuó operaciones millonarias en una oficina del Banco de Progreso en Madrid, era una identidad falsa creada por Agromán para camuflar el pago de sus comisiones ilegales a la trama, unos 138 millones de pesetas.En opinión del fiscal Javier Muñoz hay una curiosa similitud "fonográfica" entre el nombre de la constructora y el de la persona que ordenó los cheques. Mientras, la Policía ha certificado que no existe ningún Julio Agrasot Colomer.