Editorial:

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Los socialistas vascos advirtieron hace dos semanas al PNV que pondrían fin anticipado a su colaboración en el Gobierno vasco en el caso de que los nacionalistas votasen en el Parlamento, en compañía de HB, contra el requisito de acatar la Constitución y el Estatuto para adquirir la plena condición de parlamentario.Ayer, en el día señalado, los votos del partido de Arzalluz volvieron a ir en sintonía con los de HB y Eusko Alkartasuna en un asunto de elevado contenido simbólico. La Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi queda así emplazada a llevar a cabo su advertencia. El coste de la rup...

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Los socialistas vascos advirtieron hace dos semanas al PNV que pondrían fin anticipado a su colaboración en el Gobierno vasco en el caso de que los nacionalistas votasen en el Parlamento, en compañía de HB, contra el requisito de acatar la Constitución y el Estatuto para adquirir la plena condición de parlamentario.Ayer, en el día señalado, los votos del partido de Arzalluz volvieron a ir en sintonía con los de HB y Eusko Alkartasuna en un asunto de elevado contenido simbólico. La Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi queda así emplazada a llevar a cabo su advertencia. El coste de la ruptura del acuerdo de gobierno con el PNV y EA no sería en sí muy elevado: a menos de cuatro meses de las elecciones del 25 de octubre, la legislatura ya está amortizada. De hecho, el Parlamento vasco celebra hoy su último pleno. Ello devalúa en la práctica el gesto del PSE. El riesgo está, sin embargo, en que, si los socialistas actúan en consecuencia, el PNV lleve a cabo las represalias anunciadas y extienda la crisis a las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa y a los ayuntamientos vascos en los que cogobierna con ellos.

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Intentar desentrañar la evolución futura de los acontecimientos supone alejarse de los motivos que los provocaron. Es cierto que el vasco podía seguir siendo el único Parlamento autonómico donde no es necesario acatar la Constitución para que un parlamentario adquiera todas sus prerrogativas, en contra de lo que establece la Ley General Electoral. Así ha ocurrido de hecho durante 18 años y así seguirá en la práctica, puesto que la reforma del Reglamento no obtuvo ayer la mayoría requerida.

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También es verdad que el PNV no buscó deliberadamente a los parlamentarios de HB para configurar un bloque nacionalista con EA, frente al formado por PSE, PP, IU y los foralistas alaveses. Pero no se entiende por qué extraña restricción mental lo que hacen los diputados y senadores nacionalistas en Madrid no pueden hacerlo en Vitoria. Acatar la Constitución y el Estatuto de Gernika no significa comulgar con cada uno de sus preceptos, sino aceptar las reglas de juego establecidas en ambos textos. No es cierto que establecerlo como requisito obstaculice la participación institucional de HB. Por el contrario, existen muchos ejemplos que demuestran que la apertura en Euskadi de ámbitos de excepción de ley para integrar a quienes se sitúan fuera del sistema no ha logrado más que envalentonarles. Al partido de Arzalluz le ha sorprendido que el PSE haya decidido plantarse ante una sucesión de coincidencias parlamentarias de sus socios nacionalistas con HB. Porque al asunto del acatamiento hay que añadir en las últimas semanas el de la denuncia de la dispersión de los presos de ETA, la ley vasca del deporte o la votación sobre el condado de Treviño.

Un pragmatismo de vuelo raso y de simple ocupación de cargos impidió hacer creíbles las advertencias socialistas a los socios nacionalistas. Ahora, en cambio, los socialistas vascos no tienen la atadura de estar en el Gobierno central y quieren establecer la futura cooperación con los nacionalistas -las encuestas dibujan la reedición del Gobierno tripartito PNV-PSE-EA tras el 25 de octubre- sobre bases más equilibradas en cargas y compromisos recíprocos. Para conseguirlo tendrán que demostrar en los próximos días la firmeza de su postura, resistiendo la réplica del PNV a su órdago y las objeciones interesadas de los que ven peligrar sus cargos con la eventual ruptura del pacto de gobierno. Lo más penoso de este episodio es que hace poco menos de un año los partidos democráticos andaban buscando el aislamiento de HB en los ayuntamientos después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Doce meses después, con seis concejales del PP asesinados, la ruptura del tripartito es una magnífica noticia para los violentos.

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