Retirados dos proyectos de ley para indemnizar al diario "El Alcázar"

El Gobierno se vio forzado ayer a retirar del orden del día del Congreso dos proyectos de ley para aprobar créditos extraordinarios por más de 3.200 millones de pesetas, destinados a cumplir resoluciones del Tribunal Supremo que condenaron al Estado a indemnizar a Diarios y Revistas, SA, la antigua editora del diario El Alcázar. La falta de apoyos parlamentarios al PP motivó esa decisión.

El pleito arranca del año 1975, cuando el último Gobierno franquista, presidido por Carlos Arias Navarro, se comprometió a proporcionar subvenciones mensuales al periódico, después de entregárselo a la...

El Gobierno se vio forzado ayer a retirar del orden del día del Congreso dos proyectos de ley para aprobar créditos extraordinarios por más de 3.200 millones de pesetas, destinados a cumplir resoluciones del Tribunal Supremo que condenaron al Estado a indemnizar a Diarios y Revistas, SA, la antigua editora del diario El Alcázar. La falta de apoyos parlamentarios al PP motivó esa decisión.

El pleito arranca del año 1975, cuando el último Gobierno franquista, presidido por Carlos Arias Navarro, se comprometió a proporcionar subvenciones mensuales al periódico, después de entregárselo a la Confederación Nacional de Ex Combatientes, presidida por José Antonio Girón. Los primeros Gobiernos democráticos se negaron a continuar subvencionando a El Alcázar y el pleito se complicó más tarde, porque el periódico de ideología ultraderechista se sintió discriminado al no recibir dinero procedente de la publicidad institucional.El Tribunal Supremo, en sentencias de 2 de julio de 1994, condenó a indemnizar con unas determinadas cantidades a la editora de dicho periódico, que ya había dado en quiebra, además de abonar intereses de demora; todo lo cual totaliza los más de 3.200 millones de pesetas que el Gobierno actual, en ejecución de sentencia, intentó ayer poner a votación del pleno del Congreso de los Diputados.

Esa petición para votar dinero destinado a cumplir compromisos de Gobiernos predemocráticos, y a indemnizar a un periódico ultraderechista, provocó ayer el conflicto parlamentario. Tanto los socialistas como Izquierda Unida, PNV y el grupo de Coalición Canaria hicieron saber que no estaban dispuestos a votar dos proyectos de ley específicos con esa finalidad. Ante esta situación, el grupo catalán de Convergència y Unió se plantó y trasladó al Grupo Parlamentario Popular que no estaba dispuesto a jugar el papel de respaldar en solitario los dos proyectos.

Vista la relación de fuerzas, la derrota del Gobierno era segura y se optó por retirar del orden del día las dos propuestas.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, aseguró posteriormente que los proyectos de ley pretendían "cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que revertiría en la Hacienda Pública, el Fondo de Garantía Salarial, la Seguridad Social y los trabajadores" de El Alcázar, todos ellos acreedores de la antigua empresa editora. Se da la circunstancia de que el Gobierno había enviado al Congreso los proyectos de ley sin adjuntar memoria o documentación que explicara cuál iba a ser el destino del dinero que se solicitaba a las Cortes por la vía del crédito extraordinario, según fuentes de la oposición.

Ángel Martínez San Juan, diputado socialista, explicó que el Ejecutivo había colocado al Parlamento ante una cuestión insalvable, por el hecho de intentar que se votaran "de manera singular" dos proyectos de ley que, en definitiva tienen como antecedente un periódico cuya "ideología golpista" fue una evidencia.

En la misma línea, Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, justificó la negativa de su grupo porque "nadie ha aceptado tramitar algo que afecta a la sensibilidad democrática".

La oposición sugiere que el cumplimiento de las sentencias debe llevarse a cabo, pero incluyendo el montante económico en un capítulo genérico dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

El portavoz popular, Luis de Grandes, calificó de "demagógicas" las posturas de la oposición y recordó que el Congreso de los Diputados, en cuanto depositario de la soberanía nacional, debe ser el primero en facilitar que se cumplan las resoluciones judiciales, por lo que será imprescindible arbitrar la fórmula para que el fallo del Supremo pueda ejecutarse.