Universidad: problemas de financiación

Han transcurrido más de tres años desde que el PP alcanzó el poder en la Comunidad Valenciana y más de dos años desde que llegó al gobierno de la nación. Los problemas que entonces tenía planteados la Universidad siguen sin estar resueltos. Durante algún tiempo hemos observado en la prensa un menudeo de declaraciones de políticos, académicos y algún que otro sindicalista acerca de la necesidad de reformar el plan de financiación de las universidades públicas valencianas. También se pide un segundo plan de inversiones para afrontar las necesidades más urgentes de infraestructuras que han sido p...

Han transcurrido más de tres años desde que el PP alcanzó el poder en la Comunidad Valenciana y más de dos años desde que llegó al gobierno de la nación. Los problemas que entonces tenía planteados la Universidad siguen sin estar resueltos. Durante algún tiempo hemos observado en la prensa un menudeo de declaraciones de políticos, académicos y algún que otro sindicalista acerca de la necesidad de reformar el plan de financiación de las universidades públicas valencianas. También se pide un segundo plan de inversiones para afrontar las necesidades más urgentes de infraestructuras que han sido planteadas por los responsables académicos de las universidades. Sin entrar en las inversiones, que dado el actual estado de algunos edificios y laboratorios son muy necesarias, voy a enumerar algunos aspectos de índole laboral que deberían ser contemplados en la reforma del plan de financiación. El actual sistema de financiación no contempla fondos para la estabilidad en el empleo del profesorado temporal (aproximadamente el 50% de la plantilla) ni para la promoción o carrera profesional del profesorado permanente. Algunas universidades, como desarrollo del mencionado plan (que finaliza este año), establecieron un modelo de plantillas que sí recogía estos aspectos, aunque con las limitaciones enormes de la insuficiente financiación. FETE-UGT reclama que en el próximo plan de financiación se incluyan fondos para abordar estos aspectos, así como para la formación permanente del personal docente-investigador, lo cual es evidente que redundaría en una mejora de la calidad de la docencia e investigación. Asimismo, cuando se estableció el actual sistema de financiación se determinó la utilización de algunos criterios de cálculo o reparto absolutamente injustos. Esto ha dado lugar a situaciones discriminatorias en el número de horas que tienen que impartir los profesores. Como módulo base se utilizó el criterio de que los profesores titulares de Escuela Universitaria (PTEU) deben impartir docencia equivalente a 33 créditos si no son doctores y 22 si son doctores. Los profesores titulares de Universidad, catedráticos de Escuela Universitaria y catedráticos de Universidad 22 créditos (todos son doctores). Con relación a los PTEU esta dedicación siempre se había recogido con carácter de máxima, permitiendo a las universidades en función de su financiación fijar la dedicación de estos profesores. Desde FETE-UGT siempre hemos defendido que todas las categorías de profesores permanentes de la universidad deben tener asignada una misma dedicación. En el caso de los PTEU no doctores su carga docente debe ser igualada a los doctores, reducción que se justifica por la necesidad de que este colectivo esté en igualdad de condiciones tanto para formarse hasta alcanzar el título de doctor como para participar en la actividad investigadora. Este ajuste en la carga docente de este colectivo puede suponer la contratación de 500 o más profesores en las universidades de nuestra comunidad. La experimentalidad de las diferentes titulaciones es urgente revisarla y en alguna de ellas ha de aumentarse de modo importante el grado que se les está aplicando. Titulaciones como Derecho, Sociología, Relaciones Laborales, ingenierías, ciencias experimentales y otras requieren un aumento de su grado de experimentalidad para acomodarlo a los planes de estudio vigentes, que de modo general dedican más atención a las prácticas. Esta modificación supondría un aumento de las plantillas, pues al aumentar el grado de experimentalidad disminuye el número de alumnos por grupo de prácticas. En la mayoría de nuestras universidades, los estudios de tercer ciclo no están financiados, es decir, la docencia que se imparte no contabiliza a efectos de calcular la carga docente de la correspondiente área de conocimiento. El cómputo de este trabajo también influiría en el incremento de la plantilla de profesores. Al profesorado en formación (ayudantes) la LRU exige que su dedicación sea la mitad de la de un profesor titular. Este mandato legal en la mayoría de las ocasiones no se cumple. Es más, cuando se plantea el cumplimiento en una universidad el resultado es que se deja de contratar ayudantes, sustituyéndolos por asociados a tiempo completo (por ejemplo la Politécnica de Valencia) o a tiempo parcial, con la misma dedicación y menos salario. Con ello se está sobrepasando el porcentaje máximo de asociados de la LRU (20% en general y 30% las politécnicas) y, lo que es peor, se dañan gravemente las condiciones de trabajo de una parte importante del profesorado en formación, que debería ser uno de los colectivos más protegidos y apoyados. Con relación al Personal de Administración y Servicios (PAS), en el plan de financiación de las universidades de nuestra Comunidad no se recoge ningún critero para establecer la plantilla, ni para determinar la proporción de las diferentes categorías en la misma. Las universidades, en función de sus fondos, establecen una política de plantillas (en algunos casos con algún consenso sindical) que determina la estructura de las mismas aunque siempre en función de la financiación disponible por otros conceptos, no al revés. Para FETE-UGT, la plantillas del PAS debe estar en un factor de 0,8 con relación a la del PDI. Esto supondría para las universidades doblar la plantilla del personal de administración y servicios que en algunos casos no alcanza el 30% de la de profesorado. Al mismo tiempo deberían recogerse unos criterios de formación y de promoción que permitieran mejorar la cualificación profesional de este colectivo, cuyas labores confluyen junto con las tareas del personal docente-investigador en la calidad y cantidad de los resultados finales del trabajo universitario: la formación superior de los titulados y los resultados de la investigación. Otro aspecto a contemplar por el plan de financiación es la necesidad de renovación e implantación de tecnologías al servicio tanto de la docencia e investigación como de la gestión universitaria, aspecto muy relacionado con la formación del personal. Es muy necesario, al margen de la reforma de este plan, elaborar un acuerdo marco laboral que garantice unos mínimos para todos los trabajadores de las universidades públicas valencianas. Este acuerdo deberá abarcar tanto al personal docente-investigador como al personal de administración y servicios, independientemente de la legislación aplicable a cada relación de servicio. La reforma de la financiación universitaria es necesaria, es urgente y debe ser acometida por el Gobierno valenciano con valentía, generosidad y como una apuesta de futuro por la enseñanza superior y la investigación en la Comunidad. Si así se hace es de esperar que muy pronto pueda toda la sociedad valenciana beneficiarse de esta inversión, que ha de concretarse en universidades más eficaces y prestigiosas, que presten un mejor servicio educativo e investigador al tejido social y económico valenciano.