El juez cree que el uso de fichas policiales para extranjeros en Benifaió puede ser un delito "grave"
La investigación judicial sobre la supuesta utilización por parte de la policía local de Benifaió (La Ribera) de unas fichas utilizadas para identificar a cualquier súbdito extranjero presente en el municipio, hubiera delinquido o no, sigue viva. La Audiencia de Valencia ha disminuido de tres millones a 100.000 pesetas la fianza preceptiva para que la UGT ejerza la acusación popular en la causa que sigue un juzgado de Carlet. La decisión del tribunal apunta que la rebaja, entre otras razones, se debe a la "importancia y gravedad de los delitos" denunciados por el sindicato.
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La investigación judicial sobre la supuesta utilización por parte de la policía local de Benifaió (La Ribera) de unas fichas utilizadas para identificar a cualquier súbdito extranjero presente en el municipio, hubiera delinquido o no, sigue viva. La Audiencia de Valencia ha disminuido de tres millones a 100.000 pesetas la fianza preceptiva para que la UGT ejerza la acusación popular en la causa que sigue un juzgado de Carlet. La decisión del tribunal apunta que la rebaja, entre otras razones, se debe a la "importancia y gravedad de los delitos" denunciados por el sindicato.
Los servicios jurídicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) denunciaron en mayo de 1996 ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) la utilización, por parte de la policía local de Benifaió, una localidad de poco más de 12.500 habitantes, de unas singulares fichas policiales, utilizadas para identificar a cualquier súbdito extranjero -especialmente magrebí- que estuviera en el municipio. UGT denunció que esa práctica policial podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de las personas fichadas, que pasaban a figurar en los archivos de las autoridades hubieran delinquido o no. La orden, vigente, según la denuncia, desde 1992 hasta que el tema llegó a los tribunales, era clara. En ella, el sargento de la policía local, Rafael E. Abad, apuntaba a sus agentes que es de "obligatorio cumplimiento" el "identificar, cachear y fotografiar a todo súbdito extranjero que circule por esta población". "La fotografía se efectuará a poder ser en el Retén de la Policía u otro lugar discreto", añadía la comunicación interna, que instaba a los agentes a archivar los documentos en el "fichero de Extranjería", creado para tal menester. La denuncia fue desestimada por el TSJ por ser presentada fuera de plazo. Investigación judicial El archivo de esta denuncia empujó a la UGT a interponer una querella contra el alcalde de Benifaió, Vicente Fort (PP) y el sargento de la policía local por, entre una larga serie de supuestas irregularidades, el caso de las fichas policiales. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Carlet, que exigió una fianza de cinco millones de pesetas al sindicato -luego rebajada a tres millones- para que pudiera ejercer la acusación popular. Ante una cantidad tan inasequible, la UGT recurrió esa decisión ante la Audiencia de Valencia. La sala cuarta de esta instancia decidió la semana pasada disminuir considerablemente la cuantía de la fianza, que finalmente será de 100.000 pesetas. Los argumentos del tribunal son rotundos: dada la naturaleza de la UGT, entidad "que realiza actividades de tipo no lucrativo", y "la posibilidad de que no pueda disponer de medios económicos elevados", la fianza exigida debe ser rebajada. Además, "la importancia y gravedad de los delitos denunciados en querella" por el sindicato acaban por justificar el pronunciamiento del tribunal. Los servicios jurídicos del sindicato consideran que esta decisión permitirá que la UGT impulse la investigación de unos hechos "gravísimos, de carácter xenófobo y totalmente reprobables en un estado de derecho". Las partes presentes como acusación popular en una investigación judicial tienen acceso a las pesquisas practicadas por el juez y la potestad de aportar pruebas o solicitar la práctica de nuevas diligencias, lo que, en la práctica, puede complementar la labor del magistrado. Además, la organización obrera denunció con posterioridad las duras represalias sufridas por algunos de sus afiliados, agentes de la policía local teóricamente perseguidos por las autoridades locales por su supuesta implicación en el traslado a la opinión pública de una práctica, como mínimo, heterodoxa. Vicente Fort, que siempre aseguró desconocer la existencia del denominado fichero de extranjería, creado tres años antes de su llegada a la alcaldía de Benifaió, en mayo de 1995, no contestó las llamadas de este diario.
La reaparición de la prueba
La denuncia de la existencia de varias fichas de extranjeros en los archivos de la policía local de Benifaió nunca pudo ser refrendada con la exhibición de la prueba del supuesto delito ante el juez. El fichero de Extranjería, utilizado durante cerca de cuatro años, desapareció de manera misteriosa coinciendo con las primeras denuncias judiciales de UGT. Y ya nunca más se supo. Ahora, el sindicato está en condiciones de mostrar a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Carlet, la encargada del caso, varios de los documentos en los que figuran las fotografías de algunos ciudadanos magrebíes y una escueta información sobre ellos, muchas veces acerca de sus actividades privadas, sus amistades o relaciones familiares. En princio, nada de excesivo interés policial. La existencia y utilización de estas fichas -que por primera vez salen a luz- podría ser constitutiva de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, recogido en el Código Penal y castigado con penas, en algunos de sus epígrafes, de entre uno y tres años de prisión. De todas formas, ésta es sólo una de las irregularidades que la UGT imputa al alcalde de Benifaió y a los responsables de la policía local. En su querella, UGT denuncia delitos contra el medio ambiente, ocultación de documentos u omisión del deber de promover la persecución de delitos.
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