Tribuna:

Justicia

Cuando hace pocas semanas se publicó una encuesta en la que el Poder Judicial aparecía como la institución menos apreciada por los españoles, la que inspira menos confianza y la más temida, los magistrados se desolaron. Algunos de sus miembros más autorizados procedieron a llamarse entre sí y a reunirse con urgencia. Aquello no podía ser. Aquello no podía seguir así. Si los españoles hubieran manifestado igual opinión sobre su poder legislativo, esto sería Indonesia. Había que hacer algo urgentemente. Puestos en comunicación con la ministra de Justicia, persona ecuánime y de alto cociente inte...

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Cuando hace pocas semanas se publicó una encuesta en la que el Poder Judicial aparecía como la institución menos apreciada por los españoles, la que inspira menos confianza y la más temida, los magistrados se desolaron. Algunos de sus miembros más autorizados procedieron a llamarse entre sí y a reunirse con urgencia. Aquello no podía ser. Aquello no podía seguir así. Si los españoles hubieran manifestado igual opinión sobre su poder legislativo, esto sería Indonesia. Había que hacer algo urgentemente. Puestos en comunicación con la ministra de Justicia, persona ecuánime y de alto cociente intelectual, ella les expuso su consternación. ¡Por debajo de los partidos! ¡Peor que la educación pública! No se puede caer más bajo. Esto es el acabóse. Un país que tiene en tal concepto a su Administración de justicia es un país que va a la ruina física y moral. Es el Chile de Pinochet, la Argentina de Perón, el Chicago de Al Capone. Había que disponer remedios quirúrgicos. En ese momento llamaron desde Cataluña (pie de Europa en el cogote de África): Pujol estaba alarmado y molesto. ¿Qué iban a decir de nosotros en Aquisgrán?Pocos días más tarde, y dando ejemplo al mundo entero, el Poder Judicial, el ministerio y la Generalitat tomaron medidas trascendentales: los magistrados del Consejo General del Poder Judicial se subieron el sueldo en tres millones, la ministra subió el sueldo de los magistrados del Supremo en seis millones y la Generalitat ordenó a los magistrados que ejercen en la acogedora tierra catalana que cuadruplicaran sus horas diarias de estudio del catalán. La sociedad respiró aliviada. En España, un inepto pobre es un delincuente, pero un inepto rico es objeto de universal respeto y admiración, sobre todo si habla en catalán. ¡La justicia española se había salvado!

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