Una asociación de militares retirados desafía la prohibición de admitir a personal en activo
La Hermandad de Personal Militar en Situación Ajena al Servicio Activo (Hepermisa), que agrupa a unos 8.000 militares en la reserva, ha decidido cambiar su nombre por el de Asociación de Militares Españoles (AME) y modificar sus estatutos para admitir también a militares en servicio activo, según ha anunciado su presidente, el coronel en la reserva José Conde Monge.Según Conde, la decisión fue comunicada el pasado día 5, en Bruselas, a los restantes socios de Euromil con motivo del congreso de dicha federación, que aglutina a 500.000 militares pertenecientes a 30 asociaciones de 19 países euro...
La Hermandad de Personal Militar en Situación Ajena al Servicio Activo (Hepermisa), que agrupa a unos 8.000 militares en la reserva, ha decidido cambiar su nombre por el de Asociación de Militares Españoles (AME) y modificar sus estatutos para admitir también a militares en servicio activo, según ha anunciado su presidente, el coronel en la reserva José Conde Monge.Según Conde, la decisión fue comunicada el pasado día 5, en Bruselas, a los restantes socios de Euromil con motivo del congreso de dicha federación, que aglutina a 500.000 militares pertenecientes a 30 asociaciones de 19 países europeos y en la que la AME se ha integrado como miembro de pleno derecho.
Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, de 28 de diciembre de 1978, prohíben a los militares pertenecer a "asociaciones reivindicativas" y sólo les permiten afiliarse a organizaciones religiosas, culturales, deportivas y sociales. Conde considera que esta prohibición es inconstitucional, pues las ordenanzas se redactaron antes de aprobarse la Constitución y no tienen carácter orgánico, lo que sería exigible al limitar derechos fundamentales.
Luis Mardones, diputado de Coalición Canaria (CC), ha presentado una enmienda a la nueva ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas, en tramitación parlamentaria y que pide la reforma de las ordenanzas, para que la prohibición actual se limite a los derechos de sindicación y huelga.
Los nacionalistas canarios alegan que la normativa no prevé ninguna sanción disciplinaria ni penal para los militares que se afilien a organizaciones profesionales y que no tiene sentido mantener una prohibición cuyo incumplimiento no está sancionado.