La fiscalía abre diligencias a la empresa del calzado de Villena en la que se intoxicaron 10 trabajadoras

Miguel Gutiérrez, teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, remitió ayer a los juzgados de Villena la denuncia contra la salud laboral presentada a principios de mes el sindicato CC OO contra el taller Aparados Hergar, SL, en cuyo interior se intoxicaron 10 operarias por inhalación de productos tóxicos que usaban en su trabajo. La fiscalía decidió abrir diligencias y solicitar una veintena de pruebas documentales. El fiscal acusa a la empresa de los delitos de lesiones por imprudencia e incumplimiento de las disposiciones de seguridad en el trabajo de manera grave, sin facilitar a los trab...

Miguel Gutiérrez, teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, remitió ayer a los juzgados de Villena la denuncia contra la salud laboral presentada a principios de mes el sindicato CC OO contra el taller Aparados Hergar, SL, en cuyo interior se intoxicaron 10 operarias por inhalación de productos tóxicos que usaban en su trabajo. La fiscalía decidió abrir diligencias y solicitar una veintena de pruebas documentales. El fiscal acusa a la empresa de los delitos de lesiones por imprudencia e incumplimiento de las disposiciones de seguridad en el trabajo de manera grave, sin facilitar a los trabajadores los elementos necesarios para la protección de su salud. La resolución sitúa ya como imputados de los delitos al propietario del taller, los representantes legales de la empresa y su delegado de prevención, encargado de las medidas de seguridad en el local. Diez operarias se vieron afectadas, en abril, de la enfermedad de la parálisis del calzado, directamente relacionada con la concentración de gases tóxicos de las colas utilizadas en las labores de aparado. Esa concentración se genera en espacios cerrados que no disponen de ventilación adecuada. La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo obliga a estos talleres a disponer de extractores y mesas especiales que absorben los gases. El taller no cumplía esas normas, según explicaron las empleadas afectadas, que se recuperan muy lentamente de la enfermedad. Ellas trabajaban sobre un tablón montado sobre un caballete. El fiscal ha pedido al juez que reclame a la empresa documentación de su constitución legal, las pólizas de seguros y el estudio de evaluación de riesgos. Además, se pide el proyecto que el taller debió presentar ante Industria antes de su puesta en marcha, la licencia de apertura, el certificado de actividad calificada, y relación de trabajadores (en situación regular o no), entre otros documentos. También se pide el parte de la Inspección de Trabajo sobre la enfermedad, el informe del Gabinete de Seguridad e Higiene de la Generalitat, los partes médicos y la declaración de las afectadas como testigos del caso.