IU solicita al Congreso que investigue una presunta estafa inmobiliaria a 39 familias de Rincón de la Victoria
,El diputado de IU por Málaga José Luis Centella ha pedido al Congreso que abra una investigación sobre la Cooperativa Epsylon, a la que considera responsable de una presunta estafa inmobiliaria que afecta a 39 familias malagueñas. Así lo anunció ayer Rafael Rodríguez, coordinador provincial de esta formación política. Rosario Molina, una de las perjudicadas, aseguró que los socios -en su mayoría afiliados al sindicato UFP (Unión Federal de Policías)- deberían haber recibido a finales de 1995 las llaves de las viviendas ubicadas en el Rincón de la Victoria. Pero hasta el día de hoy no se ha p...
,El diputado de IU por Málaga José Luis Centella ha pedido al Congreso que abra una investigación sobre la Cooperativa Epsylon, a la que considera responsable de una presunta estafa inmobiliaria que afecta a 39 familias malagueñas. Así lo anunció ayer Rafael Rodríguez, coordinador provincial de esta formación política. Rosario Molina, una de las perjudicadas, aseguró que los socios -en su mayoría afiliados al sindicato UFP (Unión Federal de Policías)- deberían haber recibido a finales de 1995 las llaves de las viviendas ubicadas en el Rincón de la Victoria. Pero hasta el día de hoy no se ha puesto ni un solo ladrillo de la promoción Puerta del Carmen. Los afectados tampoco se han quedado quietos. A principios de 1996, cuando Epsylon presentó la suspensión de pagos, interpusieron una querella contra la cooperativa en el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga para que les restituyeran los aproximadamente 160 millones que han abonado en total -una media de 4,5 millones por familia-. "Llevamos más de dos años con el tema. Pero es que las estafas inmobiliarias llevan mucho tiempo en los tribunales", aseguró Antonio Sánchez, uno de los dos abogados que llevan la querella. La cooperativa les ofreció segregarse y asumir las deudas: unos 43 millones con la constructora Andaluza de Coín por los movimientos de tierra previos al inicio de las obras, 58 millones al Citybank por el crédito hipotecario y otros 30 a la financiera Construcción y Gestión de Servicios (CGS) por el aval para la adquisición de los terrenos. "Era todo un timo. Además, las viviendas que inicialmente tenían que ser de 100 metros cuadrados pasaban a ser de 60", aseguró Molina. Pero casi la mitad de los afectados, entre los que se encuentra Molina, cree que la responsabilidad no sólo es de la cooperativa, sino también de UFP por haberles presentado la promoción. Es algo que negó categóricamente José Guerrero Cámara, su secretario, que también es uno de los afectados. "No podemos ser responsables de algo que no hemos gestionado", dijo.