La unión nace con un déficit social de 17,4 millones de parados
, La unión económica y monetaria nace con un indiscutible déficit social y una ausencia de respuestas directas para los 17,4 millones de parados de los 15 Estados que reflejaba la fría estadística al concluir el pasado mes de febrero. Un desempleo que afecta al 10,3% de la población activa y que llega hasta el 20% entre los jóvenes menores de 25 años y hasta el 12% entre las mujeres. Es la asignatura pendiente de los Gobiernos comunitarios. Todos ellos han descartado diseñar políticas comunes de empleo y consideran imposible incluir el paro entre los criterios de convergencia, debido a las eno...
, La unión económica y monetaria nace con un indiscutible déficit social y una ausencia de respuestas directas para los 17,4 millones de parados de los 15 Estados que reflejaba la fría estadística al concluir el pasado mes de febrero. Un desempleo que afecta al 10,3% de la población activa y que llega hasta el 20% entre los jóvenes menores de 25 años y hasta el 12% entre las mujeres. Es la asignatura pendiente de los Gobiernos comunitarios. Todos ellos han descartado diseñar políticas comunes de empleo y consideran imposible incluir el paro entre los criterios de convergencia, debido a las enormes diferencias que existen de unos países a otros, y que discurren entre el 3% del paro de Luxemburgo y el 20% de España.
De los 17,4 millones de europeos que no tienen trabajo, casi un 50% son parados de larga duración al llevar más de un año en esa situación. Un colectivo que corre el riesgo de pasar a la situación de excluidos de la sociedad y a cuestionar las ventajas de la unión monetaria.Ese colectivo necesita soluciones y, sin embargo, las únicas políticas comunes que la UE aprobó hasta el año pasado consisten en una serie de directivas y en la Carta Social Europea que se limitan a recoger unas condiciones laborales mínimas que deben cumplir todos los países. Esa falta de respuestas al paro se empezó a corregir tímidamente en la cumbre de Luxemburgo de noviembre de 1997.
Los jefes de Estado y de Gobierno dedicaron, por primera vez, una reunión monográfica al desempleo. Y lo hicieron por el firme empeño que mostraron el entonces flamante Gobierno socialista francés, su presidente, Lionel Jospin, y su número dos , la ministra de Trabajo, Martine Aubry.
De la cumbre de Luxemburgo tampoco surgieron políticas comunes. Tan sólo orientaciones que deben ser respetadas por los gobiernos corespondientes, pero que han abierto una nueva vía y han colocado el empleo casi en el mismo plano que los criterios de convergencia económica.
Desde Luxemburgo, los Estados están comprometidos a fortalecer las políticas de formación profesional; a buscar nuevos yacimientos de empleo; a reducir progresivamente la carga fiscal total sobre el trabajo; y a dar oportunidades de empleo, orientación profesional o formación a todos los parados que lleven más de un año en paro o seis meses en el caso de los jóvenes.
Exclusión de España
Unas condiciones que se deben cumplir en el plazo de cinco años, a excepción de España que se autoexcluyó de ese compromiso acogiéndose al elevado volumen de paro.Los Quince también deben instar a los interlocutores sociales a que negocien fórmulas flexibles de trabajo, «por ejemplo sobre el cómputo anual del tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias».
Es decir, los Gobiernos se marcaron como objetivo impulsar la reducción de la jornada laboral, pero no dieron más pasos hacia el camino abierto por Francia al aprobar la aplicación por ley de la jornada laboral de 35 horas semanales para el año 2000 (el 2002 en el caso de las pequeñas empresas). A esa medida, que ha provocado la rebelión de la patronal francesa, tan sólo se ha sumado hasta ahora el Gobierno italiano.
Las 35 horas y el reparto del empleo se han convertido, pese al silencio de la cumbre de Luxemburgo, en el frente de discordia para los próximos años entre los responsables políticos -a excepción de los dos países citados- y económicos y los trabajadores.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), y sus afiliados nacionales, creen firmememente que el reparto del empleo es un elemento necesario, aunque no suficiente, para paliar el paro. Al igual que siempre han defendido que el crecimiento económico y el mercado no son suficientes para generar el volumen de empleo que la UE necesita.
En los días previos a la cumbre de Luxemburgo, la Confederación Europea de Sindicatos instaba a los gobiernos a que demostrasen con hechos que la lucha contra el desempleo figura en cabeza de las prioridades de Europa, y apuntaban los riesgos de que «cada vez más personas empiezan a pensar que esta Europa no es la suya y se preguntan si los sacrificios que se les han pedido con vistas a la unión económica y monetaria serán para bien».