El fiscal baja a la mitad su petición de pena para los agresores de los ediles de Hernani
Nueve vecinos de Hernani (Guipúzcoa) reconocieron ayer ante la juez Carmen Zubimendi que agredieron e insultaron a concejales de ese municipio el 17 de junio de 1995, durante la elección como alcalde de José Antonio Rekondo, de Eusko Alkartasuna. El fiscal rebajó a la mitad las penas de prisión que solicitaba inicialmente y pasó de pedir cerca de 2,5 millones en multas a 240.000 pesetas, al reconocer los acusados que atacaron al primer edil y a varios concejales del PNV y del partido socialista después de que el apoyo de estos partidos al candidato de EA impidiera a Herri Batasuna, el partid...
Nueve vecinos de Hernani (Guipúzcoa) reconocieron ayer ante la juez Carmen Zubimendi que agredieron e insultaron a concejales de ese municipio el 17 de junio de 1995, durante la elección como alcalde de José Antonio Rekondo, de Eusko Alkartasuna. El fiscal rebajó a la mitad las penas de prisión que solicitaba inicialmente y pasó de pedir cerca de 2,5 millones en multas a 240.000 pesetas, al reconocer los acusados que atacaron al primer edil y a varios concejales del PNV y del partido socialista después de que el apoyo de estos partidos al candidato de EA impidiera a Herri Batasuna, el partido más votado en las municipales, hacerse con la alcaldía. Las defensas se mostraron conformes con la petición fiscal y el juicio quedó visto para sentencia. El alcalde Rekondo se mostró sorprendido por el desarrollo del juicio y se quejó de que los agredidos no hubieran sido informados de un posible"pacto" con la defensa de los procesados.
Los procesados, que por segunda vez se negaban a comparecer ante la juez, tuvieron que ser conducidos por la Ertzaintza a la sala de vistas. Siete de ellos, bilingües, utilizaron el sistema de traducción de euskera que se emplea habitualmente en los juzgados del País Vasco. Tras reconocer uno a uno los hechos relatados por el fiscal, los encausados quisieron apostillar que el juicio era "político" y que no tenían que haberse visto inmersos en una causa penal.
El fiscal, Luis Navajas, redujo de 12 a seis meses la pena que solicitaba para Juan Miguel Carrasco, Koldo Bilbao y María Dolores Rueda por atentado contra un funcionario público. Reclamó dos meses de prisión para Zigor Izaguirre, menor de edad en aquel momento, y multas de 48.000 pesetas para Vicente Fernández, Aitziber Errazkin, Imanol Miner, Iñaki Etxandi e Iñaki Armendariz, acusados de desórdenes públicos.