Serra defiende el espionaje del Cesid a HB y quiere saldar la crisis con dos ceses de bajo nivel
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, admitió ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que en Vitoria existía una infraestructura técnica del Cesid para captar escuchas en la sede de Herri Batasuna y aseguró que existe «una duda razonable» sobre la legalidad de la actuación del servicio secreto. El ministro anunció que se ha procedido al relevo de dos miembros del Cesid, cuyas identidades no reveló, por sus responsabilidades en el desmantelamiento de la red. El PNV, IU y el Grupo Mixto exigieron la dimisión del ministro, actitud que no fue secundada por el partido socia...
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, admitió ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que en Vitoria existía una infraestructura técnica del Cesid para captar escuchas en la sede de Herri Batasuna y aseguró que existe «una duda razonable» sobre la legalidad de la actuación del servicio secreto. El ministro anunció que se ha procedido al relevo de dos miembros del Cesid, cuyas identidades no reveló, por sus responsabilidades en el desmantelamiento de la red. El PNV, IU y el Grupo Mixto exigieron la dimisión del ministro, actitud que no fue secundada por el partido socialista ni por los restantes grupos.
Durante su intervención ante la Comisión de Defensa, Eduardo Serra no aclaró si el Gobierno estaba al corriente de las actividades que estaba desarrollando el servicio secreto. Serra tuvo que responder no sólo del espionaje del Cesid a HB, sino también a las denuncias de los grupos parlamentarios sobre la incoherencia del discurso que ahora mantiene el PP y el que sostenía cuando desde la oposición atacó al PSOE por problemas similares. Serra aseguró que HB descubrió por casualidad las instalaciones de escucha al hacer obras para cambiar la centralita telefónica de su sede. En ese fallo justificó la destitución de dos agentes de bajo nivel en el organigrama del Cesid. El ministro insistió en afirmar que existe una «duda razonable» sobre la licitud de la actuación del Cesid, cuestión que debe resolver el proceso judicial en marcha. En su opinión, el secreto de las comunicaciones puede verse superado por el derecho a la vida o la seguridad del Estado. El PNV e IU coincidieron en exigir la dimisión del ministro por considerar «injustificables» sus explicaciones, y el PSOE se mostró más alarmado por las filtraciones que se han producido que por las propias escuchas.
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