Las defensas del macrojuicio por abortos en Málaga piden la nulidad del proceso

, El mayor juicio por delitos de aborto celebrado hasta ahora en España comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Málaga, casi 12 años después de que ocurrieran los hechos que se juzgan. Si la fase previa a la vista oral ya resultó tormentosa, el comienzo no lo ha sido menos, a pesar de que esta vez sólo se han sentado en el banquillo ocho de los 34 procesados. En la primera sesión de la vista, los abogados defensores pidieron la nulidad de todo el proceso, alegando que los hechos han prescrito e irregularidades en la fase de instrucción. El juez decidirá hoy si el juicio sigue adelante.
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, El mayor juicio por delitos de aborto celebrado hasta ahora en España comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Málaga, casi 12 años después de que ocurrieran los hechos que se juzgan. Si la fase previa a la vista oral ya resultó tormentosa, el comienzo no lo ha sido menos, a pesar de que esta vez sólo se han sentado en el banquillo ocho de los 34 procesados. En la primera sesión de la vista, los abogados defensores pidieron la nulidad de todo el proceso, alegando que los hechos han prescrito e irregularidades en la fase de instrucción. El juez decidirá hoy si el juicio sigue adelante.

La primera sesión del mayor juicio por aborto celebrado en España se consumió en la exposición de las consideraciones previas por parte de las defensas y del fiscal del caso. Finalmente, sólo ocho de los 34 acusados han tenido que sentarse en el banquillo: el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría y el personal de su clínica (tres médicos y cuatro auxiliares). Estas ocho personas se enfrentan a una petición de 180 años de cárcel en total.Las 23 mujeres y los tres acompañantes procesados, para los que se piden multas de 36.000 pesetas, se acogieron al derecho de no estar presentes en el juicio. Pero la jornada no dio ni siquiera para el comienzo del interrogatorio. Se agotó en el debate de las consideraciones previas que presentaron gran parte de los 25 abogados de la defensa. Los defensores piden que se declare nulo el proceso. Se basan, por un lado, en la posibilidad de que los delitos hayan prescrito y, por otro, en las irregularidades de la instrucción. La prescripción la cimenta en el hecho de que entre el comienzo de la instrucción y la notificación del proceso a los acusados mediaron más de cinco años. El fiscal se opone porque asegura que en todo ese periodo de tiempo se cumplieron trámites en los juzgados relacionados con el caso.

Derechos fundamentales

Pero la tardanza no es la única pega que los letrados ponen a la instrucción. Además consideran que se vulneraron los derechos fundamentales de las mujeres porque, después de la redada que se llevó a cabo en la clínica de Sáenz de Santamaría en noviembre de 1986, se les obligó a someterse a un reconocimiento ginecológico sin pedir previamente su consentimiento. Otra irregularidad que denunciaron fue el hecho de que a muchos de los hoy acusados se les citara a declarar durante la instrucción en calidad de testigos cuando en realidad eran imputados.El abogado de Sáenz de Santamaría insistió también en la irregularidad de la investigación policial y de las propias detenciones, que se practicaron después de las intervenciones quirúrgicas a pesar de que la policía conocía de antemano la actividad que se desarrollaba en la clínica. El fiscal rebatió punto por punto los argumentos de la defensa e insistió en la legalidad del proceso, pero hasta hoy el juez no decidirá si sigue adelante. En caso de determinar la continuación, tendrá que decidir también si acepta como prueba los testimonios acusadores que las mujeres implicadas prestaron durante la instrucción, ya que, al no estar en la vista, no existen testimonios de cargo del personal de la clínica.

A las diez de la mañana, hora prevista para el comienzo del juicio, el Palacio de Miramar era ya un hervidero. Las 23 mujeres procesadas se habían acogido a su derecho a no asistir al juicio, pero sí lo hicieron casi un centenar de personas entre familiares, representantes de clínicas, feministas y políticas de izquierdas como Cristina Almeida, de Nueva Izquierda, la ex ministra socialista Matilde Fernández o la responsable del Área de la Mujer del PSOE, Micaela Navarro.

La Plataforma Pro Derecho al Aborto, integrada por una treintena de asociaciones políticas, sindicales y sociales de carácter progresista, había convocado una concentración en la puerta de los juzgados antes de la vista, pero finalmente la protesta se trasladó al interior de la sala.

Los concentrados entraron al juicio en actitud respetuosa, pero portando pancartas con la leyenda "no más juicios por aborto". Al contrario que en el juicio suspendido hace un año, la vista de ayer se desarrolló sin grandes tensiones. Sólo hubo un pequeño revuelo cuando el presidente de la sala exigió a los miembros de la plataforma que retirasen las pancartas y expulsó a una mujer por permanecer en pie con un cartel prendido de la ropa.