La juez cita a declarar a la ejecutiva del Santander por las cesiones de crédito
La titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, citó ayer a declarar como imputados en el caso de las cesiones de créditos a los componentes de la comisión ejecutiva del Banco Santander entre 1988 y 1992, a excepción del presidente, Emilio Botín, y el entonces consejero delegado, Rodrigo Echenique. Las comparecencias se producirán el 30 de abril y el 5 de mayo próximos. Un portavoz del banco señaló que "resulta especialmente sorprendente que se acuerde ahora esta citación", después de que "en julio de 1996, el banco fuera sobreseído por los hechos que se le atribuían...
La titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, citó ayer a declarar como imputados en el caso de las cesiones de créditos a los componentes de la comisión ejecutiva del Banco Santander entre 1988 y 1992, a excepción del presidente, Emilio Botín, y el entonces consejero delegado, Rodrigo Echenique. Las comparecencias se producirán el 30 de abril y el 5 de mayo próximos. Un portavoz del banco señaló que "resulta especialmente sorprendente que se acuerde ahora esta citación", después de que "en julio de 1996, el banco fuera sobreseído por los hechos que se le atribuían".
La juez Palacios ha decidido desempolvar el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. Ayer comunicó a la entidad financiera una providencia por la que cita a declarar en condición de imputados (una práctica dirigida a que el testigo tenga cobertura legal absoluta) a los miembros de la comisión ejecutiva del banco entre 1988 a 1992, a excepción del presidente, Emilio Botín, y el ex consejero delegado Rodrigo Echenique. Ambos declararon por el caso de las cesiones de crédito en 1992, cuando la instrucción dependía del juez Miguel Moreiras. Este impuso al Banco una fianza por responsabilidad civil de 8.000 millones de pesetas, que luego rebajó a 3.500 millones de pesetas y más tarde anuló. Además, el juez exculpó en julio de 1996 al Santander, aunque dejó abierta la posibilidad de acusar de delito fiscal a un grupo de clientes. Las operaciones de cesiones de crédito (producto diseñado para captar dinero negro en condiciones de opacidad) que hicieron distinos organismos y entidades podrían haber movido unos 400.000 millones entre 1987 y 1989, según los primeros informes periciales del caso.
Los citados, a petición del fiscal del caso, Jesús Santos, son Rafael Alonso, Dimas Blanco, José Luis Díaz, Juan Secades, Ana Patricia Botín y Jaime Botín. La comunicación también incluye a varias personas fallecidas, según señalaron fuentes del banco, como Pablo Tarrero, Santiago Corral, Luis Bergé y Ramón Quijano. Las declaraciones tendrán lugar los días 30 de abril y 5 de mayo próximos.
Un portavoz del banco cántabro señaló ayer: "Después de más de siete años de instrucción sobre el asunto de las cesiones de crédito, y de que, en julio de 1996, el banco fuera sobreseído por los hechos que se le atribuían, resulta especialmente sorprendente que se acuerde ahora la citación de los entonces miembros de su comisión ejecutiva".
"Siempre dentro del más estricto respeto a la Justicia",continuó, "el banco reitera que no existe conducta punible a una del mismo en relación con los posibles delitos respecto de los que se sigue esta instruiccón. Éste es el criterio que sostuvo la Abogacía del Estado,en representación de la Agencia Estatal Tributaria, en abril de 1996, cuando informó al Juzgado número tres de Instrucción de la Audiencia Nacional que no puede determinarse en relación con aquellos delitos, un conducta punible concreta de las personas imputadas en la causa en representación del Banco Santander, sin exigencia por ello, de responsabilidad en las presentes diligencias a dicha entidad financiera, o a sus representantes".
Pieza separada de Cartagena
Hace poco más de una semana el Tribunal Superior de Justicia de Valencia remitió a la juez la pieza separada sobre este caso que afectaba a Luis Fernando Cartagena, que dimitió de su cargo de consejero de Obras Públicas del Gobierno valenciano, controlado por el PP, por su implicación. Un informe técnico de la Universidad de Valencia sugiere que también podría estar implicado Rosendo Naseiro, antiguo tesorero del PP.