La carga de la prueba

Algunos forofos de la propuesta de salida dialogada a la violencia presentada por el lehendakari Ardanza simplifican y caricaturizan las motivaciones y los argumentos de quienes discrepan de su contenido; esos polemistas de ventaja suelen reclamar para su causa el monopolio de los buenos sentimientos, las nobles propósitos, las sólidas razones y las recomendaciones constructivas. De esta forma, los partidarios del documento Ardanza serían angelicales defensores del diálogo, las soluciones políticas, la paz, la democracia y la concordia, en tanto que sus satanizados críticos apost...

Algunos forofos de la propuesta de salida dialogada a la violencia presentada por el lehendakari Ardanza simplifican y caricaturizan las motivaciones y los argumentos de quienes discrepan de su contenido; esos polemistas de ventaja suelen reclamar para su causa el monopolio de los buenos sentimientos, las nobles propósitos, las sólidas razones y las recomendaciones constructivas. De esta forma, los partidarios del documento Ardanza serían angelicales defensores del diálogo, las soluciones políticas, la paz, la democracia y la concordia, en tanto que sus satanizados críticos apostarían por la represión, las soluciones policiales, la prolongación indefinida de la violencia, el autoritarismo y el odio.Esa burda división de papeles coloreó las declaraciones y artículos sobre el documento Ardanza de algunos dirigentes y publicistas del nacionalismo moderado o radical; el blanco predilecto de sus juicios descalificadores, que distribuyeron absoluciones y condenas sin exponer razonamientos ni aportar pruebas, fueron los intelectuales vascos agrupados en el Foro Ermua. La huella de esa doble vara de medir también es visible en un Manifiesto a favor de una salida negociada al conflicto vasco que un grupo de catedráticos, jueces, artistas y profesionales presentó en Madrid la semana pasada.

El documento -firmado por dos ex altos cargos de Interior en tiempos del ministro Belloch y un grupo de magistrados en ejercicio- considera que las soluciones policiales -y por ende judiciales- al terrorismo de ETA crean falsas expectativas y arrojan un saldo negativo. El balance resulta ciertamente desolador: atentados contra vidas humanas, sufrimiento y dolor, vulneración de derechos humanos, recorte de libertades, espiral de odio, deterioro de la convivencia y una peligrosa división social. Pero el Manifiesto no culpa de esa dramática situación a los autores de los crímenes, sino a quienes exaltan y refuerzan hoy con empecinamiento la vía policial, condición indispensable para que la vía judicial pueda perseguir al terrorismo en un Estado de Derecho. Los firmantes requieren al Gobierno central para que asuma sus responsabilidades y busque soluciones mas allá de las estrictamente policiales; el Gobierno vasco, presidido desde hace 18 años por el PNV y del que dependen los 8.000 miembros de la Ertzaintza, queda libre, sin embargo, de cualquier reproche. Para emprender el camino de la paz no hay que esperar a que los terroristas abandonen la violencia: dejar en manos de ETA el comienzo del diálogo supondría retrasar el inicio del proceso. El Gobierno de Aznar debe apostar de inmediato por la negociación sin condiciones: el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y los incentivos para que HB incremente su participación política serían las prendas de ese compromiso.

Las opiniones son siempre libres, pero los hechos pueden resultar verdaderos o falsos: los redactores del Manifiesto son muy dueños de valorar negativamente el papel de la vía policial y de la vía judicial para combatir al crimen organizado en un Estado de Derecho, pero no deberían falsear la realidad. No es cierto que las soluciones estrictamente policiales sean la única vía de pacificación aplicada desde hace mas de 30 años en España. La amnistía de 1977, el Estatuto de Gernika de 1979, las elecciones libres (veinte celebradas hasta el momento), la creación de la policía autonómica, la generalización del euskera, la transferencia de la educación y de otras importantes competencias, el concierto económico y la reinserción de presos formaban parte del paquete de iniciativas políticas propuestas al comienzo de la transición por el PNV como llave para la pacificación del País Vasco que han sido ya materializadas. A los defensores del documento Ardanza corresponde la carga de probar la peregrina tesis según la cual sólo la satisfacción de nuevas reivindicaciones políticas de contenido nacionalista, contrapuestas a la vía policial y la vía judicial del Estado de Derecho, haría posible que ETA abandonase algún día las armas, empuñadas mientras tanto por los terroristas con tanta crueldad como perseverancia.