Acuerdo importante

EL MINISTRO de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y el responsable de asuntos autonómicos del PSOE, Ramón Jáuregui, han sentado las bases para un entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales en relación a los problemas del Estado autonómico. El talante conciliador de ambos interlocutores ha influido seguramente en ese entendimiento básico que desde hace meses venían reclamando en privado dirigentes populares y socialistas. Aunque ha pasado bastante desapercibido, se trata de un acuerdo de gran calado que constituye una excepción en el mar de desencuentros, incluso sobre cuest...

EL MINISTRO de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y el responsable de asuntos autonómicos del PSOE, Ramón Jáuregui, han sentado las bases para un entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales en relación a los problemas del Estado autonómico. El talante conciliador de ambos interlocutores ha influido seguramente en ese entendimiento básico que desde hace meses venían reclamando en privado dirigentes populares y socialistas. Aunque ha pasado bastante desapercibido, se trata de un acuerdo de gran calado que constituye una excepción en el mar de desencuentros, incluso sobre cuestiones en que la concertación beneficiaría a ambos partidos.El acuerdo abarca de momento a la aplicación del artículo 150-2 de la Constitución y a la resolución de los desacuerdos sobre la transferencia de competencias reclamadas por algunas comunidades. El artículo 150-2 abre la posibilidad de ceder a las comunidades autónomas competencias exclusivas del Estado en determinadas condiciones. Los nacionalistas catalanes invocaron recientemente ese artículo como fórmula para agilizar el traspaso de competencias en discusión. Los expertos llamaron la atención sobre el riesgo de convertir ese procedimiento, excepcional por definición, en un atajo habitual para igualar competencias. Una aplicación rutinaria del recurso al 150-2 llevaría seguramente a un proceso imparable de agravio y emulación que no tardaría en vaciar el Estado. Rajoy y Jáuregui se han comprometido de momento a no recurrir a esa vía sin el apoyo de los dos grandes partidos nacionales.

A la misma lógica corresponde el acuerdo de consultarse antes de ceder sin más a las pretensiones de las autonomías que plantean problemas de interpretación, como es ahora el caso de las cuotas de formación del Inem, cuyo control reclama el Gobierno vasco. Jáuregui se comprometió a enviar a su interlocutor una fórmula que, según él, salva el principio de caja única de la Seguridad Social. En el texto sobre autonomías aprobado la semana pasada por el Comité Federal del PSOE se plantea un sistema de recurso automático al Tribunal Constitucional ante las divergencias de interpretación que puedan surgir en materia competencial. En el caso de las cuotas del Inem, sin embargo, existen dos sentencias aparentemente contradictorias de ese tribunal.

Rajoy aceptó estudiar la propuesta de más calado de las presentadas por Jáuregui: el establecimiento de un compromiso de consulta entre ambos partidos sobre los contenidos territoriales de los pactos de gobierno que cualquiera de ellos pueda suscribir con fuerzas nacionalistas. Aunque una formulación desnuda del asunto pueda irritar a los nacionalistas, un acuerdo de ese tipo es claramente preferible a las propuestas alternativas barajadas para limitar la influencia de las minorías nacionalistas en la política española. Preferible, en particular, a las propuestas de reforma electoral orientadas a reducir la representación en las Cortes de fuerzas de ámbito territorial. El efecto de tales medidas sería el contrario al pretendido: un repliegue nacionalista y un desentendimiento de la política española.

Pero mientras el apoyo nacionalista siga siendo la única posibilidad de conformar mayorías, son también evidentes los riesgos de una escalada sin fin de reivindicaciones nacionalistas respaldadas por la imprescindibilidad de sus escaños. El resultado de la combinación entre esa escalada y la dinámica de agravio comparativo ya ensayada sólo puede ser la desestabilización del modelo autonómico. Por eso es necesario un acuerdo entre el PP y el PSOE como el que ahora parece abrirse paso. Necesario incluso para los nacionalistas, en teoría los más interesados en que no naufrague el Estado de las autonomías.