Absuelto de malversación el ex alcalde de L'Hospitalet

La Audiencia de Barcelona absolvió ayer a Juan Ignacio Pujana, ex alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y Roberto Ruiz, ex concejal de Gobernación, ambos del PSC-PSOE, de la acusación de malversación de caudales públicos por encargar a una empresa de detectives informes de tipo comercial sobre unas empresas constructoras, que se querellaron contra el consistorio, y sobre funcionarios municipales. El fiscal había solicitado cuatro años de prisión para Pujana y tres para Ruiz.El tribunal de la sección novena considera que, por ese encargo, por el que el Ayuntamiento pagó 11,2 millone...

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La Audiencia de Barcelona absolvió ayer a Juan Ignacio Pujana, ex alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y Roberto Ruiz, ex concejal de Gobernación, ambos del PSC-PSOE, de la acusación de malversación de caudales públicos por encargar a una empresa de detectives informes de tipo comercial sobre unas empresas constructoras, que se querellaron contra el consistorio, y sobre funcionarios municipales. El fiscal había solicitado cuatro años de prisión para Pujana y tres para Ruiz.El tribunal de la sección novena considera que, por ese encargo, por el que el Ayuntamiento pagó 11,2 millones de pesetas, no existió "un interés bastardo, de revancha, ilegítimo o de estricto interés particular".

La sentencia considera que los acusados actuaron para "preservar los intereses que les era obligado defender en atención a sus funciones", aunque admite que "el método utilizado pueda sorprender e incluso incomodar al ciudadano medio".

La querella que motivó los informes reclamaba una responsabilidad civil de la corporación de 200 millones de pesetas y dio pie a otro proceso por tráfico de influencias en la concesión de unas obras que finalizó con una condena de seis años de inhabilitación para Pujana -el primer político condenado en España por ese delito- y Ruiz.

Los hechos se remontan a 1992, cuando Pujana y Ruiz se vieron envueltos en las denuncias de varias empresas por supuestas irregularidades en la adjudicación de la construcción de un aparcamiento.

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