Un funcionario afirma que ha sido sancionado por criticar a Cascos
Un funcionario de la Consejería de Agricultura de Asturias que había polemizado en 1991 con el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, ha sido sancionado con tres años de suspensión de empleo y sueldo por la supuesta realización de actividades empresariales incompatibles con su trabajo como guarda rural. El expedientado, Ricardo Soto, asegura que la sanción, que entrará en vigor el 1 de abril, es una represalia del Ejecutivo del Principado, del PP, por sus manifestaciones públicas contrarias a Álvarez Cascos.Soto, que ejerce su cometido en Ribadesella, es accionista de l...
Un funcionario de la Consejería de Agricultura de Asturias que había polemizado en 1991 con el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, ha sido sancionado con tres años de suspensión de empleo y sueldo por la supuesta realización de actividades empresariales incompatibles con su trabajo como guarda rural. El expedientado, Ricardo Soto, asegura que la sanción, que entrará en vigor el 1 de abril, es una represalia del Ejecutivo del Principado, del PP, por sus manifestaciones públicas contrarias a Álvarez Cascos.Soto, que ejerce su cometido en Ribadesella, es accionista de la Escuela Asturiana de Piragüismo, con domicilio en Cangas de Onís, una de las 33 sociedades de turismo fluvial que se han constituido en la comunidad en los últimos años y que se dedican al alquiler de canoas para la práctica de deportes fluviales. También preside la Asociación de Empresas Turísticas de Navegación en Río.
Hace ahora un año, el Gobierno del Principado decidió prohibir algunas de estas prácticas deportivas en los ríos salmoneros a raíz de que Cascos, avezado pescador fluvial, abogara por la limitación de la navegación en aquéllos por considerarla perjudicial para la fauna y la pesca. Soto y otros empresarios le recriminaron su opinión y criticaron la política prohibicionista adoptada, que atribuyeron a un mero afán de agradar a Cascos.
El 11 de marzo de 1997, Agricultura abrió un expediente a Soto que ha concluido ahora atribuyéndole una infracción "muy grave" de las normas sobre las incompatibilidades de los funcionarios.
Soto sostiene que los hechos que se le imputan son "inciertos", dado que no ejerce, afirma, ninguna actividad en la empresa de la que es accionista, con la que sólo mantiene relación de socio capitalista. En el informe emitido por la sección de Régimen Jurídico de la consejería incluso se afirma que, entra dentro de lo posible que la actividad del funcionario (...) se limite a la administración de su patrimonio, esto es, (...) a participar en la administración, beneficios y pérdidas resultantes de la actividad comercial, (...) sin intervenir (...) directamente".