El Plan Nacional de Drogas volcará sus recursos en la prevención

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas dedicará este año "la parte fundamental de los 3.300 millones de pesetas de que dispone, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, al desarrollo de un amplio programa para la prevención de la drogodependencia que actúe en todas las comunidades.

Éste es el principal objetivo para 1998, según anunció el delegado, Gonzalo Robles, tras los acuerdos sobre la distribución de los recursos económicos que adoptó ayer la Conferencia Sectorial del Plan, en la que participan el Ejecutivo central y los autonómicos y cuya reun...

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas dedicará este año "la parte fundamental de los 3.300 millones de pesetas de que dispone, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, al desarrollo de un amplio programa para la prevención de la drogodependencia que actúe en todas las comunidades.

Éste es el principal objetivo para 1998, según anunció el delegado, Gonzalo Robles, tras los acuerdos sobre la distribución de los recursos económicos que adoptó ayer la Conferencia Sectorial del Plan, en la que participan el Ejecutivo central y los autonómicos y cuya reunión fue presidida por el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

El propio Mayor Oreja destacó el desarrollo de los denominados Planes Autonómicos de Drogodependencias, que ejecutarán los diversos programas de prevención, asistencia y reinserción de las víctimas de las drogas. Además, se colaborará económicamente con los restantes proyectos que desarrollen por su cuenta las diputaciones provincipales y las corporaciones municipales.

El ministro del Interior también hizo hincapié en que el encuentro de ayer sirvió paralelamente para concretar el desarrollo del Observatorio Nacional de Droga, creado recientemente y en el que se integrarán los de las comunidades que ya están en funcionamiento.

Por su parte, Robles indicó que otro de los objetivos primordiales del Plan para este año es el de impulsar las políticas de cumplimiento alternativo de penas para los casos en que éstas sean inferiores a los dos años, así como implantar programas especiales en las zonas consideradas de "alto riesgo".