El Tribunal de Cuentas hará una fiscalización especial de la contabilidad del senador Tomey

Las cuentas de la Diputación de Guadalajara, en las que se ha detectado la presunta ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas, van a ser objeto de una fiscalización especial por parte del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador aprobará esta iniciativa,durante un pleno cuya celebración está prevista para el próximo día 25. La investigación durará, al menos, dos meses y se auditarán las cuentas para comprobar si ha habido o no deuda ficticia. Francisco Tomey, presidente de la Diputación y senador del PP, está siendo investigado por el Tribunal Supremo en relación a los mismos he...

Las cuentas de la Diputación de Guadalajara, en las que se ha detectado la presunta ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas, van a ser objeto de una fiscalización especial por parte del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador aprobará esta iniciativa,durante un pleno cuya celebración está prevista para el próximo día 25. La investigación durará, al menos, dos meses y se auditarán las cuentas para comprobar si ha habido o no deuda ficticia. Francisco Tomey, presidente de la Diputación y senador del PP, está siendo investigado por el Tribunal Supremo en relación a los mismos hechos.

Andrés Fernández Díaz, consejero responsable del área de Corporaciones Locales, confirmó ayer su decisión de presentar ante el próximo pleno del Tribunal de Cuentas una propuesta de fiscalización especial de la contabilidad de la Diputación de Guadalajara.El pleno lo integran siete consejeros de fiscalización cuatro de enjuiciamiento, el presidente y un fiscal. Todos ellos decidirán favorablemente sobre esta propuesta, tal y como suele ser habitual ante este tipo de iniciativas. Posteriormente, su iniciativa se remitirá al Parlamento.

Un paso acertado

El consejero Fernández Díaz explica así su decisión: "Voy a proponer la fiscalización especial a la vista de la importancia del caso. He meditado este paso y creo que es el acertado. Para saber más hay que profundizar y eso exige tomar otra clases de medidas. Con la fiscalización especial podremos contrastar, verificar y auditar. Nos centraremos fundamentalmente en el tema de la deuda".Tras el decreto de la fiscal jefe de Guadalajara, Ángeles García García, en el que acusaba a Tomey y a su interventor, José Villalgordo, ya fallecido, de un presunto delito de falsedad en documento oficial, Andrés Fernández Díaz decidió estudiar las cuentas de la Diputación alcarreña que tenía a su disposición en el Tribunal de Cuentas. Esa corporación había rendido puntualmente sus cuentas ante este organismo fiscalizador, tal como es su obligación. "Lo hicieron siempre con puntualidad. Ahora acaban de entrar las de 1996. Por cierto, con unos libros de cuentas impecables y muy bien presentados", agregó Fernández Díaz.

Tras el estudio preliminar de estas cuentas -de 1991 a 1996-, el consejero ha decidido pedir una fiscalización especial. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas lleva a cabo un centenar de fiscalizaciones especiales de organismos, ayuntamientos y corporaciones de toda España. La fiscalización especial se desarrolla cuando las corporaciones no rinden sus cuentas o cuando se detectan irregularidades en los libros presentados por los organismos para su fiscalización.

El consejero del Tribunal de Cuentas, ex decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, destaca que la iniciativa del Tribunal de Cuentas es compatible con la investigación judicial que se sigue en el Tribunal Supremo contra Francisco Tomey en su calidad de aforado por su condicición de senador. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha dado un plazo de cinco días al secretario de la Diputación, Jaime Iborra, y al interventor, Luis Miguel Martín, para que acrediten la existencia de la deuda de 3.500 millones de pesetas que aparece reflejada en los presupuestos. Martín sustituyó a José Villalgordo, único imputado junto a Tomey en un presunto delito de falsedad.

El senador Tomey está siendo investigado también por su propio partido, según ha manifestado. recientemente el presidente del Gobierno, José María Aznar. Fuentes del PP señalan que se está elaborando un informe sobre el caso y que éste no está, de momento, en el denominado comité de conflictos.