Viaje a las tinieblas

La sentencia dictada el pasado jueves por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a Luis Roldán a 28 años de prisión por estafa, cohecho, malversación y fraude fiscal, relata las singulares hazañas del pícaro que utilizó el cargo de director general de la Guardia Civil como palanca para redondear una fortuna no inferior a los 1.700 millones de pesetas. La inventiva y la laboriosidad desplegadas en la tarea por este truhán -candidato a ministro del Interior tras la dimisión de Corcuera en 1993- hubiesen merecido objetivos más altruistas. En cualquier caso, los industriosos planes de Rold...

La sentencia dictada el pasado jueves por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a Luis Roldán a 28 años de prisión por estafa, cohecho, malversación y fraude fiscal, relata las singulares hazañas del pícaro que utilizó el cargo de director general de la Guardia Civil como palanca para redondear una fortuna no inferior a los 1.700 millones de pesetas. La inventiva y la laboriosidad desplegadas en la tarea por este truhán -candidato a ministro del Interior tras la dimisión de Corcuera en 1993- hubiesen merecido objetivos más altruistas. En cualquier caso, los industriosos planes de Roldán echaron mano de todos los procedimientos a su alcance para desviar recursos ajenos públicos y privados hacia sus bolsillos.Por lo pronto, Roldán se incautó de centenares de millones de pesetas de fondos presupuestarios que le habían sido confiados como gastos reservados para la lucha antiterrorista. Además, el ex director de la Guardia Civil obligó a varias empresas constructoras a pagarle bajo cuerda sumas millonarias a cambio de la adjudicación de contratas de obras públicas. No satisfecho con esas extorsiones, Roldán vendió un inexistente servicio de contravigilancia -al margen de la protección dada por las Fuerzas de Seguridad- a dos compañías concesionarlas de la autovía de Leizarán amenazadas por ETA. Si bien el fraude fiscal era la consecuencia inevitable de esos ingresos en dinero negro, Roldán llevó el recochineo hasta límites inverosímiles: entre 1989 y 1991 consiguió que Hacienda le devolviera nueve millones en la liquidación del impuesto sobre la renta.

Además de la biografía de un granuja, el caso Roldán es -también -y quizás sobre todo- un viaje a las tinieblas del poder incontrolado. Los socialistas se han revestido de buena conciencia al descargar toneladas de cólera bíblica sobre quien traicionó su confianza y ridiculizó los cien años de honradez del PSOE. Las doloridas reflexiones sobre el pecado original y la fragilidad de la condición humana sirven tal vez para dar cuenta del comportamiento de Roldán. En un Estado democrático de Derecho las explicaciones moralizantes no exoneran, sin embargo, de sus graves responsabilidades políticas a quienes le designaron delegado del Gobierno en Navarra -en 1983- y director general de la Guardia Civil -en 1986- sin comprobar previamente sus ficticias credenciales como economista e ingeniero industrial; incurrieron después en negligencia culposa al no vigilar una actuación marcada por los espectaculares rastros de su enriquecimiento ilícito; y tardaron varios meses en aceptar las clamorosas evidencias sobre su conducta delictiva puestas a disposición de todo el mundo por las investigaciones periodísticas de José María Irujo.

La condena de Roldán por malversación de caudales públicos concede mayor fuerza y verosimilitud a la hipótesis según la cual los gastos reservados fueron utilizados ilegalmente para pagar sobresueldos a los altos cargos del Ministerio del Interior, incluida una indemnización de 125 millones para el momento de su cese. Si Roldán desarrolló durante sus siete años de mandato -como dice la sentencia- "una incesante actividad delictiva amparado en su cargo público con la finalidad de enriquecerse ilimitadamente", ese esperpento se representó ante las mismas narices de Barrionuevo (ministro del Interior entre 1982 y 1988), Corcuera (ministro del Interior desde 1988 a 1993) y Vera (subsecretario y secretario de Estado de Interior entre 1982 y 1994). Felipe González ha reprochado a Jaime Mayor Oreja que no se deje aconsejar por quienes de verdad saben sobre terrorismo: en esa lista de maestros voluntarios no deberían figurar, en todo caso, esos antiguos responsables políticos de Interior, incapaces de sospechar siquiera que el director general de la Guardia Civil había montado en su despacho entre 1986 y 1993 un próspero chiringuito dedicado a recaudar dinero contante y sonante a costa de la sangre y el dolor de las víctimas de ETA.