¿Fascistas en la Fiscalía?

Cuando un fiscal tilda airadamente de "fascista y vomitivo" un documento salido de la pluma de otro fiscal, sin ser ninguno de los dos un recién llegado a la carrera, es para que se produjera eso que los jueces instructores llaman alarma social y para que alguien abriera un expediente informativo. No es lógico que fiscales de alta graduación anden por ahí escribiendo como fascistas o acusándose de lo mismo sin que nadie con autoridad institucional se inmute, sobre todo porque en el escrito así calificado, aunque tal vez no haya muestras específicas de fascismo, sobran las de otro "ismo" más a...

Cuando un fiscal tilda airadamente de "fascista y vomitivo" un documento salido de la pluma de otro fiscal, sin ser ninguno de los dos un recién llegado a la carrera, es para que se produjera eso que los jueces instructores llaman alarma social y para que alguien abriera un expediente informativo. No es lógico que fiscales de alta graduación anden por ahí escribiendo como fascistas o acusándose de lo mismo sin que nadie con autoridad institucional se inmute, sobre todo porque en el escrito así calificado, aunque tal vez no haya muestras específicas de fascismo, sobran las de otro "ismo" más acorde con nuestra tradición: es puro y simple militarismo lo que rezuma por todos sus poros el documento que ha levantado este escándalo.De todas formas, la acusación de fascista al escrito de un fiscal no debía suscitar mayor alarma de la que debió haber producido el Consejo General del Poder Judicial cuando, por unanimidad, se creyó en la obligación de mostrar su preocupación ante ciertas manifestaciones institucionales efectuadas por, Jesús Cardenal "por entender que no son acordes con algunos principios básicos de la Constitución española". No era ésta una opinión emitida al buen tuntún en una tertulia de radio; era la meditada preocupación del máximo órgano del poder judicial sobre las manifestaciones de un fiscal propuesto para ocupar la Fiscalía General de un Estado constitucional. Por supuesto,como aquí quien manda, manda, el Gobierno se limitó a decir un chascarrillo sobre las preocupaciones, institucionales o no, suscitadas por aquel nombramiento y así tuvimos como fiscal general del Estado a un señor que, deacuerdo con el CGPJ, ha mantenido en el ejercicio de sucargo criterios que no están en consonancia con principios básicos de la Constitución.

Pero un fiscal general de ese tenor era imprescindible para elevar, contra toda lógica que no sea la de un mando cuartelario, a un fiscal expedientado a la categoría de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Nada importó que el recién nombrado fiscal general se tuviera que tragar enteras sus anteriores declaraciones sobre los requisitos para proceder a tan relevante nombrarniento; nada importó tampoco que se haya saltado a pídola los reglamentos que rigen la carrera fiscal; mucho menos inquietó a Cardenal que con el nombramiento de Fungairiño se premiara una conducta que la misma inspección de la Fiscalía encontró reprobable. Lo importante era mostrar que por fin alguien estaba dispuesto a mandar en la carrera y así tenemos en la Fiscalía General a un señor deficitario en criterios constitucionales y en la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a un sancionado que no ha obtenido ni un voto siquiera para ascender a la posición que le permitiría optar a tal puesto.

Todo lo que ha venido después no es sino el resultado de esta serie de despropósitos. Salir del paso, como hace la ministra, restando gravedad a "una frase tal vez no afortunada" del escrito de Fungairiño añade un sarcasmo al desatino y muestra tan sólo que la ministra comparte los criterios de sus subordinados. Es el Gobierno el responsable ,de que un fiscal jefe de la Audiencia Nacional encuentre argumentos para exonerar a una dictadura militar y es el Gobierno el responsable de que el fiscal general del Estado remita al Congreso de los Diputados una nota que legitima, con referencias a la Constitución española, la "sustitución temporal del orden constitucional establecido" en Argentina. Es también el Gobierno, con la impagable asistencia de sus socios nacionalistas, el que impide que el Congreso celebre un Pleno a la medida de la extrema gravedad de los hechos de que se trata. Pero, extraordinario o no, ese Pleno deberá celebrarse a no ser que los diputados del PP y del frente nacionalista compartan las opiniones de la ministra acerca de lo escrito por los señores fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal general del Estado.