Ruiz-Gallardón expropiará la sede de la Fundación Ortega para evitar que pase a manos extranjeras

El Gobierno regional ha encontrado una salida inesperada para la sede de la Fundación Ortega y Gasset y su Instituto Universitario, entidades sin ánimo de lucro. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1994 obliga al Estado, actual dueño de los palacetes donde se ubican ambas entidades, a devolver las edificaciones a sus antiguos propietarios: una institución americana llamada Instituto Internacional de Señoritas, en España. Para sortear la sentencia y forzar a pactar al Instituto Internacional, el Gobierno aprobó ayer expropiar estos edificios históricos de la calle de Fortuny, 53.

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El Gobierno regional ha encontrado una salida inesperada para la sede de la Fundación Ortega y Gasset y su Instituto Universitario, entidades sin ánimo de lucro. Una sentencia del Tribunal Supremo de 1994 obliga al Estado, actual dueño de los palacetes donde se ubican ambas entidades, a devolver las edificaciones a sus antiguos propietarios: una institución americana llamada Instituto Internacional de Señoritas, en España. Para sortear la sentencia y forzar a pactar al Instituto Internacional, el Gobierno aprobó ayer expropiar estos edificios históricos de la calle de Fortuny, 53.

William Gulick y Alice Gordon, un matrimonio de misioneros norteamericanos, llegaron a España en 1871. En 1901 compraron el edificio de Fortuny para ubicar en su interior el citado Instituto Internacional de Señoritas. En 1927 vendieron el edificio al Estado con una condición: que fuese destinado siempre a residencia de señoritas. Si se cambiaba el uso, la edificación y sus adyacentes volverían a manos norteamericanas. En los años cuarenta, el palacete fue utilizado como colegio mayor.A principios de los ochenta, el colegio fue trasladado al distrito de Moncloa. Su lugar lo ocuparon entonces la Fundación y el Instituto Universitario José Ortega y Gasset. Al palacete fueron llevados, además, los fondos bibliográficos y personales del filósofo. Los responsables del Instituto Internacional reclamaron entonces su devolución, porque las edificaciones habían dejado de ser utilizadas como residencia de estudiantes. La Audiencia Provincial dio la razón a los norteamericanos en 1989. El Estado recurrió. Cinco años después, el Supremo ratificó la sentencia: el palacete tenía que volver a manos de la institución cultural norteamericana.

Patrimonio de todos

Entre 1994 y 1997, el consejero de Cultura, Gustavo Villapalos, declaró la biblioteca, el archivo y el propio palacio bienes de interés cultural (BIC) por medio de otros tantos decretos. Villapalos lo justificó ayer: "Los archivos, las fichas y los libros de Ortega y Gasset tienen un enorme valor. Son patrimonio de todos los ciudadanos y deben preservarse".Esta declaración de bien de interés cultural obliga a sus propietarios a mantener para siempre su uso cultural. No se puede modificar el aspecto del palacio y la biblioteca y los archivos deben quedarse donde están. El Gobierno impide así que el edificio pueda convertirse de nuevo en residencia. Villapalos reflexiona: "El palacete ya no les sirve a los arnericanos".

La Institución Internacional de Señoritas en España -desde hace unos años, sólo Institución Internacional en España- se halla con esta maniobra entre la espada y la pared. Si mantiene sus reclamaciones se encontrará con un edificio inservible: no pueden realizarse actividades diferentes de las que indica la declaración de bien de interés cultural. De hecho, desde hace algunas fechas, sus responsables y los de la fundación mantienen conversaciones para llegar a un acuerdo que permita a la Ortega y Gasset permanecer en el edificio.

Álvaro Mendiola, abogado del Instituto Internacional, manifiesta: "Sin embargo, los intentos de expropiación alteran las posibilidades de llegar a un acuerdo [con la Fundación Ortega]. El Gobierno ya nos había amenazado hace años con expropiarnos, pero nunca se había atrevido. Tendrán que demostrar ahora que la vuelta del edificio a nuestras manos pone en peligro los bienes de interés cultural". Y añade: "Además hay una cosa que no está nada clara. Si el Gobierno expropia, seguro que es para dárselo luego a la Fundación Ortega, que es una entidad privada igual que nosotros, que también somos fundación y privados. No, vemos tan claro que se pueda expropiar a unos para beneficiar a otros".

De todas formas, el Instituto Internacional recuerda que sigue abierto al diálogo. Mendiola reconoce que el presidente del instítuto es norteamericano, pero no que la institución tenga esa nacionalidad. "Somos españoles. De hecho, nuestras únicas actividades se realizan en España. Una buena parte de nuestros consejeros son españoles. Y el fin primero del instituto era sacar del atraso a la mujer española. No había otra finalidad".

Por su parte, el Instituto Universitario Ortega y Gasset afirma: "La acción cautelar emprendida por la Comunidad tiene por objeto preservar un entorno arquitectónico singular (compuesto por varios edificios, entre los que destaca el Premio Nacional ,de Arquitectura del año 1929), así como la biblioteca y el archivo de don José Ortega y Gasset, consolidando el uso académico y público que se desarrolla en los mismos. El instituto entiende que la Comunidad no ha hecho otra cosa que ajustarse fielmente a la letra y espíritu de su propia normativa, a fin de evitar acciones especulativas de carácter imprevisible que pudieran deteriorar irreparablemente el medio y el uso de dicho entorno''.