El PP estima en 600 millones el coste de la seguridad de sus 212 cargos electos vascos

El PP estima en unos 600 millones, de pesetas al año el coste de la seguridad de sus 212 miembros electos en Euskadi, de los que 166 son concejales (75 vizcaínos, 57 alaveses y 34 guipuzcoanos). El asesinato del edil de Rentería José Luis Caso ha obligado al PP a perfilar un plan de protección de sus representantes todos los cargos electos del partido que preside Carlos Iturgaiz -hasta ahora el único dirigente con escolta pública- tendrán protección privada, salvo los ocho diputados y senadores.

Desde la pasada semana, los populares han asumido como prioritario proteger a sus cargos ele...

El PP estima en unos 600 millones, de pesetas al año el coste de la seguridad de sus 212 miembros electos en Euskadi, de los que 166 son concejales (75 vizcaínos, 57 alaveses y 34 guipuzcoanos). El asesinato del edil de Rentería José Luis Caso ha obligado al PP a perfilar un plan de protección de sus representantes todos los cargos electos del partido que preside Carlos Iturgaiz -hasta ahora el único dirigente con escolta pública- tendrán protección privada, salvo los ocho diputados y senadores.

Desde la pasada semana, los populares han asumido como prioritario proteger a sus cargos electos al precio que sea. Portavoces autorizados de la dirección nacional del PP indicaron ayer que "esta cifra puede variar en función de los servicios de seguridad que finalmente haya que ofrecer".El PP tiene 212 cargos electos y 4.244 militantes en el País Vasco. Aunque el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha asegurado públicamente tras el asesinato del tercer edil de su partido que a "nadie se le va a obligar" a aceptar las nuevas medidas de seguridad, fuentes populares aseguran en privado que serán de obligado cumplimiento. Iturgaiz subrayaba en esas mismas declaraciones que "Ias cosas no están para bromas en estos momentos". Él es el único dirigente del PP vasco que cuenta con protección pública.

El presidente del PP vasco ha aparecido en documentos incautados a varios comandos de ETA, el último de ellos tras la desarticulación del núcleo principal del comando Vizcaya en la operación en la que efectivos de la Guardia Civil abatieron en Bilbao a los liberados (a sueldo) Salvador Gaztelumendi y José Miguel Bustinza, el pasado 23 de septiembre. Este comando había realizado seguimientos muy precisos de Iturgaiz, del concejal del PP en el consistorio bilbaíno Antonio Basagoiti -al que se puso escolta-, y poseía información menos detallada de una decena de cargos electos del PP.

Junto a Iturgaiz, los ocho diputados y senadores del PP vasco reciben protección por parte de agentes de la policía nacional, según confirmaron fuentes oficiales. Los tres senadores, todos ellos de la provincia de Álava, son Ramón Rabanera, Manuel Uriarte y Carlos Urquijo. Los cinco diputados son Jaime Mayor Oreja y Rafael Cámara, por Álava; Javier Peón y Antonio Merino, por Vizcaya, y el diputado guipuzcoano José Eugenio Azpiroz.

Desde el asesinato del concejal y presidente del PP en Guipuzcoa, Gregorio Ordóñez, en enero de 1995 hasta hoy, los cargos electos del PP han debido asumir de forma progresiva que son blanco directo del terrorismo de ETA. Del mismo modo que les ha podido costar esfuerzo interiorizar esta amenaza como algo cotidiano, la Ertzaintza (policía vasca), de la que depende la protección de los ciudadanos vastos, tampoco había considerado hasta ahora que los cargos electos del PP fueran un grupo de riesgo al que fuera imprescindible poner medidas de seguridad. Esta constatación ha ido variando hasta que el asesinato de Caso en Irún mostró que la debilidad de ETA le ha llevado a, seleccionar entre sus víctimas a la más fácil, a quien no tiene protección.

Entre tanto, el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, determina con el consejero del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa, cuales son las prioridades de la Ertzaintza para asumir la protección de un colectivo tan numeroso. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, se reunirá el próximo jueves con los dirigentes populares vascos para tratar de llegar a un acuerdo sobre este asunto.