Urbanismo ya exigió hace 10 meses al dueño que reparase el bloque derrumbado
El derrumbe del edificio de la calle del Limón, 13 (Centro), en el que la noche del jueves murió Antonia Jiménez Montoya, de 82 años, no debió sorprender ni a la propia víctima. El 14 de noviembre de 1996, los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento el peligro que corría el inmueble por las obras de demolición en muros y techos efectuadas por la propiedad; el 3 de diciembre de 1996, los técnicos del departamento municipal de Disciplina Urbanística certificaron las obras ilegales que el dueño estaba acometiendo; el 23 de diciembre de 1996, el departamento de Protección de la Edificación levant...
El derrumbe del edificio de la calle del Limón, 13 (Centro), en el que la noche del jueves murió Antonia Jiménez Montoya, de 82 años, no debió sorprender ni a la propia víctima. El 14 de noviembre de 1996, los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento el peligro que corría el inmueble por las obras de demolición en muros y techos efectuadas por la propiedad; el 3 de diciembre de 1996, los técnicos del departamento municipal de Disciplina Urbanística certificaron las obras ilegales que el dueño estaba acometiendo; el 23 de diciembre de 1996, el departamento de Protección de la Edificación levantó acta del mal estado del edIficio; el 21 de enero de 1997, la Gerencia Municipal de Urbanismo ordenó a la propiedad que adoptara las medidas de seguridad necesarias, y el 10 de noviembre pasado, tras varias sanciones, le dio un ultimátum de 48 horas para llevarlas a cabo. Finalmente, esta misma semana, Antonia, que ya el 15 de noviembre de 1996 había pedido con un telegrama a la propiedad que abandonase las obras ante el peligro de ruina, comentó a su hija: "Tengo miedo, estoy en peligro de muerte".Administración, vecinos y propiedad eran conscientes del peligro que acechaba a ese inmueble de cinco plantas, en el que apenas quedaban tres inquilinos de renta antigua y el portero. Pero, desde las primeras denuncias de noviembre de 1996, las medidas de salvamento quedaron, según el Ayuntamiento, en agua de borrajas por culpa del propietario del inmueble.
Se trata de Gimbarsa, una empresa dirigida por Luis Gimeno (este periódico trató ayer, sin éxito, de recabar su versión), a la que los supervivientes del derrumbe acusan de haber buscado con sus obras de demolición la declaración de ruina del edificio para despachar a los inquilinos, gente mayor y sin recursos.
El Ayuntamiento dio sustento a esta acusación al afirmar que, pese a sus requerimientos, el derrumbe se debió a "las obras que sin licencia municipal habían sido realizadas en su interior y que habían dejado diáfanas algunas plantas".
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"Peligro para las personas"
El propietario siguió con la obra ilegal pese a la prohibición municipal, según Urbanismo
Para el gerente de Urbanismo, en este caso la propiedad del edificio tuvo un comportamiento "insólito". "No sólo no cumplieron los requerimientos municipales, sino que en los últimos días y pese a la prohibición municipal siguieron con las obras ilegales, tirando tabiques en los pisos que habían quedado vacíos, y esto, indudablemente, incidió en el derrumbe", afirmó Armada.En este contexto, el gerente de Urbanismo recordó que el edificio no estaba en ruina inminente, lo que hubiese implicado su demolición, sino que sus deficiencias podían haber sido subsanadas. "La responsabilidad de los inmuebles corresponde a los propietarios, y el Ayuntamiento actúa cuando se descubren anomalías; es algo que en una ciudad de, 200.000 edificios hacemos constantemente", añadió Armada.
El concejal socialista José María de la Riva calificó de "correcto y estricto" el procedimiento administrativo desarrollado por la Gerencia Municipal de Urbanismo. De la Riva, sin embargo, reprochó su falta de "sensibilidad". "No basta con escudarse en el proceso burocrático. Hay muchos desalmados en torno a los vecinos mayores y sin recursos, y el Ayuntamiento ha de ser sensible ante estas cuestiones y poner en marcha la expropiación si se está engañando reiteradamente a los vecinos", dijo el concejal socialista.
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