La juez requiere al Santander más información sobre cesiones de crédito
La juez Teresa Palacios ha requerido al Banco Santander que entregue documentación más precisa sobre los titulares ficticios que, entre 1987 y 1989, suscribieron contratos de cesión de créditos emitidos por la entidad, según fuentes jurídicas.Estos titulares presuntamente cometieron delito fiscal con el producto opaco diseñado por el banco, ya que no regularizaron su situación con Hacienda. Sus deudas superan los 15 millones de pesetas fijados por ley para incurrir en delito.
A instancias del fiscal del caso, Jesús Santos, la magistrada ha pedido al banco que aporte información referent...
La juez Teresa Palacios ha requerido al Banco Santander que entregue documentación más precisa sobre los titulares ficticios que, entre 1987 y 1989, suscribieron contratos de cesión de créditos emitidos por la entidad, según fuentes jurídicas.Estos titulares presuntamente cometieron delito fiscal con el producto opaco diseñado por el banco, ya que no regularizaron su situación con Hacienda. Sus deudas superan los 15 millones de pesetas fijados por ley para incurrir en delito.
A instancias del fiscal del caso, Jesús Santos, la magistrada ha pedido al banco que aporte información referente a 220 personas que, según un informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del pasado mes de junio, aparecen sin regularizar su situación. La mayor parte de ellos son testaferros o titulares con nombres falsos, según apuntaron dichas fuentes jurídicas.
En concreto, la juez Palacios ha solicitado la identidad completa de los titulares, el Documento Nacional de Identidad, el domicilio, los importes de sus operaciones, las órdenes de compra, los resguardos y los datos de la liquidación. Otra de las solicitudes consiste en que el Santander entregue las cuentas bancarias vigentes entre 1987 y 1990 de los titulares verdaderos de las operaciones.
El Ministerio Fiscal solicitó la práctica de diligencias con la mayor urgencia posible, en vista de que del informe se desprende la presunta comisión de delitos fiscales. Por ello, la juez ha pedido a los peritos judiciales que emitan informes individualizados relativos a las operaciones que se atribuyen a cada uno de los titulares.