Una feroz campaña contra el fraude
El impuesto sobre la renta que diseñó el Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) tuvo que ser modificado por una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del año 1989 que obligó a cambiar un impuesto familiar por otro personal.El Gobierno socialista de entonces optó por establecer dos tarifas: una para los contribuyentes solteros y para los cónyuges que así lo eligieran (individual) y otra para las familias (conjunta).
Sobre esta base se 'hizo la reforma del impuesto sobre la renta que el Parlamento aprobó a mediados del año 1991 con un amplio consenso.
Ese nuevo...
El impuesto sobre la renta que diseñó el Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) tuvo que ser modificado por una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del año 1989 que obligó a cambiar un impuesto familiar por otro personal.El Gobierno socialista de entonces optó por establecer dos tarifas: una para los contribuyentes solteros y para los cónyuges que así lo eligieran (individual) y otra para las familias (conjunta).
Sobre esta base se 'hizo la reforma del impuesto sobre la renta que el Parlamento aprobó a mediados del año 1991 con un amplio consenso.
Ese nuevo impuesto mantuvo en el 53% el tipo máximo, pero con el compromiso de reducirlo al 50% en el año 1993. No sólo no ocurrió esto, sino que se elevó después aI 56%.
El Gobierno del Partido Popular (PP) ha mantenido en sus primeros Presupuestos Generales del Estado (correspondientes a los años 1997 y 1998) ese máximo del 56%, pese a que en su programa electoral se ha comprometido a bajarlo al 40%. Ahora se prepara una nueva reforma que empezará por el 50% y se aplicará a partir del año 1999.
Como telón de fondo a aquel debate del año 1991 sobre la reforma del impuesto el Ministerio de Economía y Hacienda emprendió una feroz campaña de lucha contra el fraude, con los personajes populares de la época utilizados para tal fin.
Ello no impidió que, un año después, se decretara la segunda amnistía fiscal de la democracia. La decisión estuvo precedida de una amplio debate en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el sector bancario.
El entonces ministro Carlos Solchaga y su secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, reiteraban la imposibilidad de una amnistía que era reclamada desde ámbitos tan diversos como el coleccionismo de arte.
Por fin, el 25 de marzo de 1990, Carlos Solchaga, reconoció que el Gobierno socialista consideraba viable aprovechar su reforma fiscal para abrir el camino "a la regularización del dinero negro" invertido en pagarés del Tesoro o de cualquier otra procedencia.