El fiscal de Delitos Económicos critica la intención de Hacienda de acortar el plazo de prescripción
La Fiscalía Anticorrupción investiga una red de evasión de capitales que ha sacado de España unos 50.000 millones de pesetas, según desveló ayer uno de sus responsables, Carlos Jiménez Villarejo. El fiscal añadió que en la investigación de este tipo de delitos ha aumentado la colaboración con Hacienda, pero criticó la decisión del Gobierno de acortar los plazos de prescripción para los delitos fiscales. Pasado ese plazo, que se va a reducir de cinco a cuatro años, Hacienda ya no puede exigir una deuda tributaria, salvo que medie una interrupción por una inspección.
La red que investiga ...
La Fiscalía Anticorrupción investiga una red de evasión de capitales que ha sacado de España unos 50.000 millones de pesetas, según desveló ayer uno de sus responsables, Carlos Jiménez Villarejo. El fiscal añadió que en la investigación de este tipo de delitos ha aumentado la colaboración con Hacienda, pero criticó la decisión del Gobierno de acortar los plazos de prescripción para los delitos fiscales. Pasado ese plazo, que se va a reducir de cinco a cuatro años, Hacienda ya no puede exigir una deuda tributaria, salvo que medie una interrupción por una inspección.
La red que investiga la Fiscalía Anticorrupción se sirve de "decenas" de empresas que sacan de España capitales obtenidos de actividades ilícitas. Este tipo de prácticas, incluido el fraude fiscal, se verá favorecido si, como figura en el estatuto del contribuyente que ha aprobado Hacienda y está en tramitación parlamentaria, el plazo de prescripción se reduce de cinco años a cuatro, en opinión del jefe de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos. Económicos relacionados con la corrupción.La red ha sido descubierta partir de la información facilitada por los bancos, en cumplimiento de la ley sobre blanqueo de capitales. Esa información ha sido contrastada con la disponible en el Banco de España y en Hacienda y se han detectado "salidas de capitales al exterior no justificadas", según explicó ayer Jiménez Villarejo.
Esa evasión de capitales, que Villarejo cifró en 50.000 millones de pesetas, se ha llevado a cabo a través de "decenas de empresas". Su función sería dar salida a fondos obtenidos en España de forma ilegal, "posiblemente" procedentes del narcotráfico.
Delincuencia a gran escala
Jiménez Villarejo puso ayer este ejemplo de delincuencia económica a gran escala ante los aproximadamente 400 inspectores de Hacienda que ayer y hoy celebran el VII Congreso de la Asociación Profesional de Inspectores Financieros y Tributarlos del Estado.El fiscal añadió que en la investigación de este tipo de delitos ha aumentado la colaboración con Hacienda, pero criticó la decisión del Gobierno de acortar los plazos de prescripción para los delitos fiscales.
El proyecto de ley del estatuto del contribuyente establece un plazo de prescripción de las deudas fiscales de cuatro años, frente a los cinco actuales, o de seis para quienes ni siquiera presentan declaración de impuestos.
Esta ley, aún en trámite parlamentario, será modificada por acuerdo de los grupos políticos, de forma que el plazo quedará en cuatro años para todos los casos. Pasado ese periodo, Hacienda ya no puede exigir una deuda tributaria.
Alarma social
El fiscal anticorrupción dijo que acortar los plazos "está favoreciendo la impunidad de una parte de la delincuencia económica organizada. Se invoca", añadió, "que ha cesado la alarma social por el tiempo transcurrido, pero lo que de verdad causa alarma es que haya que absolver o archivar un caso porque el delito ha prescrito".Jiménez Villarejo explicó que en ese mismo error caerá el estatuto del contribuyente si finalmente se reduce el plazo de prescripción para las deudas fiscales a cuatro años, cuando "debería ampliarse".
El fiscal hizo, por último, una petición a Hacienda. En su opinión, cuando un inspector detecta indicios de delito fiscal debe parar su investigación y poner el caso en manos de la fiscalía "para evitar ocultamiento de pruebas". Al respecto, "los procedimientos administrativos presentan carencias", por lo que debe prevalecer la obligación de denunciar los delitos que se conozcan".
Los inspectores, por su parte, expresaron a los partidos políticos, que intervinieron en una mesa redonda sobre el estatuto del contribuyente, su oposición a que el plazo para una inspección fiscal se limite a 12 meses, incluido el periodo de liquidación.