Evidencia

Le escribo esta carta con el deseo de poner en evidencia lo que entiendo es un caso claro de extorsión por parte de los gestores administrativos del Ayuntamiento de Madrid.El 3 de abril de 1996, con motivo de la venta de la que entonces era mi vivienda, me personé en las oficinas, del área de Hacienda del Ayuntamiento, Sacramento, 5, de nuestra ciudad, para liquidar, como es preceptivo, el correspondiente impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Para este trámite precisaba conocer el valor catastral de la finca, que me fue facilitado, mediante ordenador, por una...

Le escribo esta carta con el deseo de poner en evidencia lo que entiendo es un caso claro de extorsión por parte de los gestores administrativos del Ayuntamiento de Madrid.El 3 de abril de 1996, con motivo de la venta de la que entonces era mi vivienda, me personé en las oficinas, del área de Hacienda del Ayuntamiento, Sacramento, 5, de nuestra ciudad, para liquidar, como es preceptivo, el correspondiente impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Para este trámite precisaba conocer el valor catastral de la finca, que me fue facilitado, mediante ordenador, por una de las funcionarias del departamento correspondiente. Basado en dicho dato, y mediante el impreso IM- 19904, que también me fue facilitado, efectué una liquidación que me fue aceptada y, aboné en la misma fecha según fotocopia que les adjunto.

Hoy, 22 de septiembre de 1997, recibo una notificación del Ayuntamiento, en forma de carta de pago, por la que dicho organismo me informa de que el valor catastral declarado por mí, según datos de su propio departamento de Hacienda, no es correcto y, consiguientemente, debo abonar 23.177 pesetas más de las ingresadas en su día. No contentos con ello, me cargan 1.159 pesetas por intereses de demora desde el 11 de mayo de 1996 (?) hasta el 10 de julio de 1997.

Aparte el hecho de que el valor catastral utilizado por mí no me lo saqué de la manga y fue facilitado por la misma Hacienda municipal, no concibo cómo una liquidación efectuada el 3 de abril de 1996 puede ser impugnada el 10 de julio de 1997, 15 meses después, y ser notificada al interesado el 22 de septiembre de 1997, todavía dos meses más tarde.

Dejando al lado el perjuicio económico que este asunto me ha causado, teniendo en cuenta que soy un jubilado, no puedo dejar de hacer constar mi más profunda protesta a las autoridades municipales, que, con su proceder, han demostrado una total ineficacia administrativa que, pese a la, parafernalia de medios informáticos puestos a su disposición, no sólo incurre en constantes errores, sino que hace responsable económico de tales errores y demoras al sufrido ciudadano.

Mi desconfianza en la justicia municipal es tal que me he apresurado a liquidar el resultado de este desaguisado antes de que aumente su cuantía, pues mis anteriores cartas al señor alcalde y otros organismos municipales, por otras razones que no vienen al caso, no han merecido ni un simple acuse de recibo.-