La Administración espera cumplir los plazos reglamentarios a finales de 1998

El director general de Objeción de Conciencia, Carlos Lesmes, ha asegurado en el Parlamento que el objetivo del Ministerio de Justicia es que a finales de 1998 se cumplan los plazos de incorporación previstos reglamentariamente. Mientras tanto, el incumplimiento por la Administración de los plazos reglamentarios puede conducir a que muchos de los 130.000 objetores aparcados en espera de destino se nieguen impunemente a cumplir la PSS.Hasta ahora, ya sea por evitar un proceso penal o por el desconocimiento de la legislación por parte de los objetores, muchos de ellos se han incorporado fuera de...

El director general de Objeción de Conciencia, Carlos Lesmes, ha asegurado en el Parlamento que el objetivo del Ministerio de Justicia es que a finales de 1998 se cumplan los plazos de incorporación previstos reglamentariamente. Mientras tanto, el incumplimiento por la Administración de los plazos reglamentarios puede conducir a que muchos de los 130.000 objetores aparcados en espera de destino se nieguen impunemente a cumplir la PSS.Hasta ahora, ya sea por evitar un proceso penal o por el desconocimiento de la legislación por parte de los objetores, muchos de ellos se han incorporado fuera de plazo. Por el momento, cada vez que un objetor se niega a incorporarse para cumplir, la PSS tiene que enfrentarse a una querella criminal, aunque finalmente se le absuelva, ya que la Oficina para la Prestación Social remite inmediatamente a las fiscalías los expedientes de los objetores que no se incorporan y los fiscales tienen órdenes de acusar.

El Gobierno se niega a aceptar que, por falta de plazas, se le pasa el plazo para llamar a los miles de objetores acumulados y, según el letrado Jon Zabala, "les sigue llamando, por si cuela".

El catedrático de Derecho Constitucional y dirigente de Nueva Izquierda Diego López Garrido, que fue ponente del nuevo Código Penal, estima que, cuando la Administración no cumple "una parte del tipo penal no existe". Agrega que tratar de penalizar a los objetores en esos casos "vulnera el artículo 9 de la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos".