Gordillo guarda silencio cuando los querellantes acusan a su jefe
El fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, encargado del asunto sobre Sogecable, guardó ayer silencio cuando un grupo de letrados de la acusación particular, encabezados por Manuel Murillo, acusaron al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de un supuesto delito de prevaricación en virtud del artículo 408 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El silencio del fiscal es tanto más llamativo por cuanto el citado artículo menciona que debe ser oído el ministerio fiscal.Además, al abordar la eventual adopción de medidas cautelares contra Jesús de Polanco, Gordillo se limitó a leer pa...
El fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, encargado del asunto sobre Sogecable, guardó ayer silencio cuando un grupo de letrados de la acusación particular, encabezados por Manuel Murillo, acusaron al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de un supuesto delito de prevaricación en virtud del artículo 408 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El silencio del fiscal es tanto más llamativo por cuanto el citado artículo menciona que debe ser oído el ministerio fiscal.Además, al abordar la eventual adopción de medidas cautelares contra Jesús de Polanco, Gordillo se limitó a leer parcialmente las instrucciones escritas de la Fiscalía General del Estado, concretamente la parte que dice: "...por parte del ministerio fiscal no se solicitará medida alguna de tal naturaleza y se opondrá a las que puedan solicitar otras partes".
En cambio, omitió la lectura de la primera parte de la frase, que es la siguiente: "No deduciéndose de lo hasta ahora actuado los presupuestos constitucionales y legales suficientes habilitantes para la adopción de medidas de carácter personal...", como se recoge en el texto reproducido arriba. Es decir, el fiscal omitió informar ante el juez de la insuficiencia de materia para imponer medidas.
Uno de los abogados de la acusación, Manuel Murillo, pidió entonces al juez Javier Gómez de Líaño que dedujese el tanto de culpa, por entender que el fiscal general del Estado incurrió en delito de prevaricación al ordenar al fiscal del caso que no solicitase medidas cautelares. Todos los abogados de la acusación se adhirieron a ello. Gordillo ni siquiera se opuso a la petición. Los abogados de la defensa calificaron de "barbaridad" la postura de los acusadores de invocar una presunta prevaricación del fiscal del Estado.