La Asociación de Fiscales pide que se ejecuten las sanciones de la Audiencia

La Asociación de Fiscales ha instado al Gobierno a ejecutar de inmediato la propuesta de sanción y traslado de la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez -acordada por el fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, junto con sanciones menores a otros tres fiscales- para terminar "de una vez por todas con la crisis" de este organismo. Esta asociación, mayoritaria, conservadora y a la que pertenecen algunos de los sancionados, propone "mirar hacia adelante". Según Úrculo, no es él ni la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, sino el Gobierno, el que debe ejecutar este traslado.
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La Asociación de Fiscales ha instado al Gobierno a ejecutar de inmediato la propuesta de sanción y traslado de la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez -acordada por el fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, junto con sanciones menores a otros tres fiscales- para terminar "de una vez por todas con la crisis" de este organismo. Esta asociación, mayoritaria, conservadora y a la que pertenecen algunos de los sancionados, propone "mirar hacia adelante". Según Úrculo, no es él ni la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, sino el Gobierno, el que debe ejecutar este traslado.

El fiscal general se enfrenta desde el viernes a una nueva rebelión de fiscales en la Audiencia Nacional tras advertirle los también sancionados Ignacio Gordillo, Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira que están dispuestos a pedir el traslado en cuanto puedan si Márquez de Prado finalmente es destinada a otro organismo. El portavoz de la Asociación de Fiscales, Miguel Colmenero, declaró ayer a Servimedia que "ahora lo importante es que hay que tomar una decisión, y que le toca al Gobierno terminar de decidir si finalmente se ejecuta lo que ha propuesto el fiscal general con el apoyo del Consejo Fiscal'. Luego habrá que empezar a mirar hacia adelante y tratar de que esto no vuelva a ocurrir".Este pronunciamiento profundiza en el debate sobre a quién compete ejecutar la propuesta del fiscal general. Ortiz Úrculo revelaba ayer en El Mundo su posición al responder por sus discrepancias con Margarita Mariscal, que era partidaria de archivar los expedientes: "No he estado condicionado por el agrado o el desagrado de la ministra. Además, ejecutar el traslado forzoso corresponde al Gobierno. Mi responsabilidad es sólo proponerlo".

El portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez, manifestó el viernes que la posible expulsión de Márquez de Prado no es competencia del Ejecutivo: "El Consejo de Ministros no tiene que tomar ninguna decisión sobre la decisión anterior del fiscal general del Estado". Y precisó aún más: "Sólo en el caso de que hubiera un recurso sobre la decisión del fiscal, sería la ministra de Justicia, en atribución de sus competencias, la que tendría que decidir".

Cuando a Úrculo se le pregunta por la opinión de Mariscal sobre este tema, responde: "Bueno, no se trata de una decisión de la ministra, sino del Gobierno". El fiscal se muestra más enigmático al contestar sobre si se sentiría desautorizado si el Gobierno, finalmente, no ejecutase su propuesta. "Si fuese así, demostraría aún más la independencia del fiscal".

Úrculo descarta calificar como "rebelión" que Gordillo, Rubira y Fungairiño, con sanciones menores, reclamen su traslado si se ejecuta el de Márquez de Prado: "Simplemente es una reacción primera, de personas que trabajan juntos mucho tiempo. Pero eso desembocará enseguida en un sereno respeto a las normativas. Como profesionales, sopesarán las cosas en sus justos términos". La misma opinión que el viernes dio en Sevilla la ministra Mariscal.

Por el contrario, el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, no dudó ayer en calificar de "exceso" la rebelión de los fiscales sancionados.