Denunciadas escuchas telefónicas al juez que investiga al Partido Popular por el 'caso Calvià'

Personas no identificadas han efectuado escuchas ilegales en la línea telefónica del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Javier Muñoz, quien investiga la supuesta relación de la cúpula del PP balear con la organización y patrocinio el caso Calvià, el intento de soborno con 100 millones de pesetas a un concejal del PSOE en 1992. La grabación de una de las llamadas particulares del juez fue escuchada casualmente por un usuario de la red telefónica, debido a un aparente fallo del dispositivo del pinchazo, que activó el magnetófono espía y reprodujo una conversación.

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Personas no identificadas han efectuado escuchas ilegales en la línea telefónica del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Javier Muñoz, quien investiga la supuesta relación de la cúpula del PP balear con la organización y patrocinio el caso Calvià, el intento de soborno con 100 millones de pesetas a un concejal del PSOE en 1992. La grabación de una de las llamadas particulares del juez fue escuchada casualmente por un usuario de la red telefónica, debido a un aparente fallo del dispositivo del pinchazo, que activó el magnetófono espía y reprodujo una conversación.

El caso Calvià es el escándalo de corrupción política de mayor magnitud de Baleares que cuenta con una sentencia en firme: el Tribunal Supremo condenó en 1994 a dos militantes del Partido Popular y a un comisionista por un delito de cohecho, por intentar subvertir el resultado de las urnas en Calvià, el municipio turístico más rico de Baleares. Pretendían, con la elección de un alcalde del PP, favorecer sus negocios.El juez Muñoz busca ahora nuevos hechos delictivos, la llamada trama oculta y no juzgada del caso, en la que figuran como imputados el ex presidente regional Gabriel Cañellas y el ex diputado nacional Francisco Gilet. En la nueva causa penal se indaga si ambas personalidades del PP conocieron, dirigieron o ampararon durante tres años a los delincuentes políticos, como sostiene uno de ellos, Andrés Bordoy.

El juez Muñoz ha actuado bajo secreto sumarial durante cinco meses, en los que efectuó un registro sorpresa en la sede central del PP en Baleares, para recabar datos contables, y luego intervino hasta 50 cuentas bancarias de personas vinculadas con el caso. En ningún momento, ni las partes personadas ni los periodistas tuvieron conocimiento previo de las pesquisas del magistrado, ni tampoco del alcance de la instrucción, hasta que fue levantado el secreto sumarial hace tres semanas. El juez es un profesional moderado, discreto y de reconocido prestigio jurídico entre los abogados.

La evidencia de la supuesta intromisión delictiva en la comunicaciones de Javier Muñoz se detectó hace un mes, cuando el contenido de una conversación telefónica privada que el juez mantuvo con un amigo fue oída íntegramente minutos más tarde de su conclusión de manera casual por otra persona a través de la red. Cuando aquélla contactó por teléfono con uno de los interlocutores anteriores oyó la grabación de la conversación pinchada.

El ciudadano que entabló la primera conversación con el juez, y que fue víctima también de las escuchas, presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 9 de Palma de Mallorca. Posteriormente, se efectuó una inspección en la línea y cajas de registros del teléfono del magistrado, pero no se pudo identificar el punto del posible espionaje. En medios del Tribunal Superior de Justicia se confirmó ayer el incidente, la acción judicial y la infructuosa actuación técnica que se emprendió.

Por ello, no se ha podido verificar si existe relación entre las escuchas telefónicas y la investigación que, con la ayuda del grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial, desarrolla el magistrado Javier Muñoz para averiguar si los autores del frustrado soborno de Calvià contaban con el apoyo del PP.

Uno de los condenados, Andrés Bordoy, afirma que dicho partido dirigió y participó en el operativo del soborno y que, tras la sentencia del Supremo, dirigentes populares le pagaron para que guardase silencio. Bordoy y los otros dos condenados tenían pendiente de pago una multa de 100 millones cada uno. El PP, según declaraciones y datos que obran en la causa, abonó las minutas para su defensa.

Para observar la coincidencia de los supuestos pagos del PP a los implicados en la trama, el juez Muñoz ha revisado los libros de apertura de las cajas privadas de seguridad que el PP controlaba y ha examinado las reseñas de las actuaciones financieras privadas, entre 1992 y 1996, de dirigentes relacionados con el caso y de sus esposas: el ex diputado Francisco Gilet y el ex presidente local, Eduardo Vellibre, así como del ex secretario general y ex consejero balear, José Antonio Berastain.

La historia del caso Calvià o calviagate está ligada desde sus orígenes a las grabaciones furtivas. El concejal del PSOE, José Miguel Campos, a quien los militantes del PP le ofrecieron 100 millones de pesetas para que traicionase a su partido y votara a un alcalde del PP, acudió a las diferentes citas con una minigrabadora para atrapar a sus interlocutores.

Una de las víctimas de las grabaciones, Andrés Bordoy, tras ser condenado, se convirtió en un espía volante con el fin reunir datos que demostraran la implicación del PP en su acción. Grabó por teléfono al entonces diputado nacional Francisco Gilet, supuesto cerebro de la trama, y luego visito la sede del PP de Madrid para depositar las cintas. Más tarde fue con una cámara de video a Cuba, para grabar su negociación con el que era presidente balear, Cristófol Soler.